Alza de conflictos socioambientales muestra mayor asimetría de poder entre empresas y comunidades

Escrito el 10 enero 2017

sequiaEl apartado “Derecho a un medioambiente libre de contaminación” del Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH 2016, presenta y revisa algunos resultados del Mapa de Conflictos Socioambientales 2015 desarrollado por el Instituto. Incluye  la crisis medioambiental en Chiloé producto del incremento de la marea roja y analiza las propuestas y conclusiones sobre participación y consulta indígena, emanadas de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El examen se hace desde la óptica de los estándares internacionales de derechos humanos y la normativa nacional.

Cartografía de conflictos socioambientales

La actualización del Mapa de Conflictos Socioambientales 2015 registra un incremento de controversias hasta alcanzar las 102 a junio 2015, lo que podría relacionarse con el tipo de proyectos que se están desarrollando, y también al empoderamiento de la ciudadanía para la reclamación de sus derechos.

Las controversias aparecen con mucha mayor frecuencia en las regiones del norte chico y grande, particularmente entre las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo (36,5%), principalmente en relación con las industrias minera (zona cordillerana) y termoeléctrica (borde costero). En tanto en la zona central, los conflictos se producen  por la fuerte concentración de actividades económicas de alto impacto (fundiciones, centrales térmicas, minería, depósitos de residuos), donde destaca la región de Valparaíso (9,4%).  En las regiones de Biobío y La Araucanía (18,8%), por proyectos hidroeléctricos y sus líneas de transmisión, así como por las plantaciones forestales.

En cuanto a las causas, el catastro considera: aquellas que se originan por el lugar de la exploración o explotación (53,9 %, de estas 60% afectan a comunidades indígenas); causales relacionadas con los residuos y emisiones generados por actividades particulares (36,3%, de las cuales un 56,7% de los casos es minería y 24,3% a industria energética); y aquellas que se desencadenan por el uso y/o contaminación de recursos naturales (9,8%). Entre los más invocados están el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la participación y a la consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Respecto a la duración de los conflictos, se identifica una tendencia a que permanezcan latentes o adquieran un carácter “crónico”. Sin embargo, el registro indica que, entre otros factores, las acciones ciudadanas han logrado influir en el cierre de controversias, ya sea en decisiones políticas o deliberaciones estratégicas de las empresas.

Sobre los factores subyacentes a los conflictos socioambientales, INDH destaca la debilidad de la normativa nacional, como elemento común en las controversias. El centralismo es otro factor preponderante, pues no admite las particularidades de los territorios y por otro lado, concentra la recaudación fiscal en la capital. También se menciona la escasa capacidad fiscalizadora.

En lo relativo a las comunidades involucradas en los conflictos socioambientales, existe desequilibrio de poder para conversar y negociar, hay deterioro de las confianzas y ausencia del Estado. Las relaciones del mundo privado con el público deben adecuarse a estándares más elevados de transparencia en los procesos y acceso a información, lo que debiera propender, en consecuencia, a una nueva forma de distribuir el poder.

En materia de normativa, el INDH recomienda a los poderes colegisladores armonizar la legislación de medio ambiente con aquellas de alcance sectorial, de modo que la regulación de las actividades productivas considere el principio de sustentabilidad, así como las necesidades, particularidades y vocaciones territoriales locales. Así mismo insta a fortalecer las capacidades fiscalizadoras de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Participación y consulta indígena

INDH insiste al Poder Ejecutivo para que considere, en la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los estándares internacionales en materia del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, incluido el análisis que el Instituto ha realizado respecto del Decreto Supremo 40 y el Decreto Supremo 66. Los cambios debieran estar conforme a las directrices del Convenio 169 de la OIT en la materia. Así mismo; INDH considera positivo conformar comisiones con participación representativa en  materias relevantes como el Reglamento del SEIA.

Relación comunidades y empresas

La crisis de la provincia de Chiloé sirve para mostrar  la relación entre las empresas y los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en  2011, generó orientaciones voluntarias que indican a las empresas una pauta de conducta en torno a prevenir, mitigar y remediar los impactos de sus acciones sobre estos derechos.

En este sentido, INDH recomienda al Poder Ejecutivo, promover que la actividad empresarial tome en consideración los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, teniendo para ello presente los tres pilares de dichos Principios: el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar y de reparar si corresponde.

En específico sobre la situación de crisis vivida e Chiloé, el INDH insta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a esclarecer las responsabilidades correspondientes, y tomar las medidas de reparación que permitan un desarrollo económico sustentable y respetuoso de los derechos humanos.

Revisa aquí el Capítulo 4 del IA 2016 – Territorios y derechos humanos

INDH en Youtube

Visión del alma, micrometraje que obtuvo el tercer lugar del Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos 2016. Este audiovisual nos invita a ponernos en el lugar de un joven ciego. Un recorrido por sus actividades cotidianas, sus cuestionamientos, intereses y emociones. Deja entrever la importancia que tiene situarse en el lugar del otro/a, no para victimizarle o compadecerle, sino para concebirlo/a como un legítimo sujeto de derechos.

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