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Carta de organizaciones de DDHH de la Araucanía al Presidente Sebastián Piñera por anuncios de cumbre de seguridad

Escrito el 2 agosto 2012

 

Señor

Sebastián Piñera Echeñique

Presidente de la República de Chile

Presente

Mediante la presente, las organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía nos dirigimos a Usted para manifestarle nuestra visión en relación a los anuncios de la “Cumbre de Seguridad” que usted convocó la semana pasada, en el contexto de los hechos de violencia ocurridos en la región de La Araucanía en las últimas semanas, los que han afectado a personas mapuche y no mapuche. También para manifestarle nuestra preocupación respecto a la continuidad de hechos de violencia policial que afectan a personas mapuche, incluyendo entre ellos a niños, y por la falta de señales políticas para poner término a ella.

Las organizaciones de Derechos Humanos de la Región de La Araucanía, sentimos el deber en señalar en relación a estos hechos de violencia verificados en la región, así como en relación a los anuncios gubernamentales, lo siguiente:

1.- Lamentamos y condenamos categóricamente los hechos de fuerza que afectan a familias rurales de la región, incluyendo a personas mapuche y no mapuche, en particular aquellos en los que se han utilizado armas de fuego que ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de las personas. Reiteramos, como lo hemos hecho en el pasado, que tales hechos, además de ser delictivos, no conducen a superar los conflictos interétnicos de larga data existentes en la región. Por lo mismo, deben ser investigados por la justicia, cualesquiera que sean sus responsables, y sancionados de acuerdo a derecho. Creemos que el diálogo verdadero debe primar y la invitación es a hacerlo con convicción y con respeto a las diversas realidades que enfrenta la región, buscando soluciones compartidas e integrales. Reafirmamos que sólo el camino de la justicia nos conduce a la paz.

2.- Rechazamos, sin embargo, la imputación directa o indirecta que las autoridades, los gremios, y los medios de comunicación hacen de ellos a comunidades u organizaciones mapuche, dado que no existen aún antecedentes fehacientes que permitan determinar a sus autores. Por otra parte, a través de nuestro trabajo hemos constatado la vocación de paz y fraternidad de las comunidades mapuche. Aún cuando no podemos imputar tales acciones a grupos étnicos o sectores específicos por las razones antes señaladas, nos parece pertinente afirmar que las organizaciones de derechos humanos de la región, al igual que lo hiciera el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, en su informe de misión a Chile del 2009, “desaprueba el recurso a actos de violencia como medio de protesta, inclusive en aquellas situaciones relacionadas con reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”

3.- Con la misma fuerza que condenamos la violencia que pueda ser imputable a personas mapuche, condenamos igualmente los hechos de violencia que son imputables a los agentes policiales del estado, como los ocurridos en las afueras del Hospital de Collipulli el día lunes 23 de julio, en los cuales comuneros mapuche, entre ellos menores de edad, resultaron heridos con perdigones luego de que Carabineros les disparara mientras acompañaban a sus familiares a constatar lesiones tras el desalojo del Fundo La Romana.

Tales hechos, lamentablemente, no son aislados, y forman parte de un patrón de actuación policial en la región que ha afectado gravemente a integrantes de comunidades mapuche, incluyendo a niños y niñas, quienes han sido objeto de numerosos casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de tres casos de homicidio que, lamentablemente, han quedado en la impunidad hasta la fecha. Este actuar policial contrario a los derechos humanos llevó a la Corte Suprema, hace una semana, a acoger un recurso de amparo a favor de la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla y a ordenar que los procedimientos policiales en comunidades mapuche se efectuaran con garantía de los derechos de sus integrantes, en particular de los niños y niñas.

En este sentido, coincidimos nuevamente con el Relator Especial James Anaya cuando señala que “la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado.”

4.- Por lo mismo es que nos parecen especialmente graves los anuncios emanados de esta cumbre de seguridad convocada por el ejecutivo, ya que la señal que ellos dan es la de la “mano dura” que sectores afines al gobierno han promovido por largo tiempo frente a los conflictos existentes en esta parte del país, expresada a través del fortalecimiento de la labor policial y de inteligencia, de la persecución penal focalizada hacia el pueblo mapuche, e incluso de la revisión legislativa para fortalecer la estrategia criminalizadora por medio de una de las instituciones más cuestionadas de la institucionalidad penal chilena, como son los testigos protegidos, que constituyen una abierta vulneración del derecho al debido proceso y a un juicio justo, institución utilizada en diversos juicios para inculpar a personas mapuche por supuestos delitos terroristas.

5.- Llama la atención la ausencia de una estrategia política para hacer frente a una realidad, por cierto compleja, pero que está en el trasfondo de las situaciones de conflictividad interétnica que se viven en la Araucanía. Nos referimos a la inexistencia de propuestas que promuevan un diálogo que permita abordar los problemas más graves que hoy afectan a las comunidades, entre ellos, el de la carencia de tierras como consecuencia de una política pública que ha resultado en el despojo de sus tierras ancestrales, primero, y legales después, así como el problema del empobrecimiento progresivo de sus integrantes como consecuencia de la imposición de estrategias económicas –tales como la expansión acelerada de las plantaciones de monocultivos forestales por parte de grandes empresassin su consulta, y menos aún sin su consentimiento libre, previo e informado.6.- Cabe a su vez resaltar que los anuncios de esta cumbre no hacen mención alguna a instrumentos a los que el estado chileno ha adherido, como lo es el Convenio 169 de la OIT, el que prevé mecanismos específicos para la generación de diálogos eficaces entre los pueblos indígenas y el estado, como lo es la consulta con miras al consentimiento cuando se trata de la aplicación de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarles directamente, derecho que a pesar de su relevancia, no ha sido garantizado por el estado a la fecha.

7.- Tampoco el acuerdo hace mención alguna a otra problemática que está en el trasfondo de las situaciones de conflicto que se han vivido en la Región de la Araucanía, cual es el derecho de las comunidades indígenas a definir sus prioridades en materia de desarrollo, tal cual ha sido establecido el mismo Convenio. Lamentablemente las Áreas de Desarrollo Indígena que se proponen para las comunas en donde los hechos de violencia han sido más intensos en el último año, tras más de 15 años de aplicación de éstas en otras zonas del país, no han demostrado ser espacios en que los pueblos indígenas puedan incidir de manera efectiva en la toma de decisiones, y menos aún en la definición del tipo de desarrollo económico, cultural y ambiental que se impulsa, sino más bien, tal como lo señala la ley 19.253 que las creó, ellas han sido espacios de focalización de la acción de los órganos del estado en “beneficio” de las comunidades.

8.- Los anuncios no abordan el tema central que origina muchos de los conflictos que se pretenden zanjar a través de la cumbre, cual es el de la restitución a las comunidades mapuche de las tierras que les han sido privadas sin su consentimiento. Como el gobierno no puede ignorar, la propiedad privada se conformó en esta parte del país sobre tierras de propiedad ancestral mapuche, reconociéndose a este pueblo una parte ínfima de ellas. A lo largo del siglo XX y hasta hace poco, dichas tierras legalmente reconocidas les fueron usurpadas, estableciéndose sobre ellas propiedad fundiaria primero, y forestal después. La acción del estado para abordar esta realidad en las últimas dos décadas ha sido no solo lenta, sino que ha operado vía mercado y se ha orientado en la adquisición, a precios especulativos, de tierras de propiedad legal, dejando sin solución aquellas legítimas reclamaciones de comunidades basadas en la propiedad ancestral. El estado se ha negado hasta ahora a usar el mecanismo constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública, que bien podría haber resuelto muchos de estos conflictos y evitado situaciones de violencia.

9.- Bajo la administración que usted preside, tales adquisiciones de tierras vía mercado han disminuido aún más, dada la reorientación de la política y recursos públicos en la perspectiva de apoyar la asociatividad de las comunidades con las empresas forestales. La paradoja de esta prioridad de política pública de su gobierno, es que, como usted no puede desconocer, dichas empresas son precisamente las que han generado no solo los conflictos de tierras a los que se hacía referencia, sino también el empobrecimiento y migración de las comunidades, esto último constatado por todas las encuestas públicas y recientemente por la encuesta CASEN.

10-.- Las medidas anunciadas por el gobierno, entonces, lejos de crear caminos de diálogo basados en derechos reconocidos a los pueblos indígenas por el estado chileno, a través de sus compromisos internacionales, vienen a insistir en estrategias de criminalización y de estigmatización del mundo mapuche que en nada contribuyen a resolver los conflictos que se quieren abordar. Por el contrario, lo único que hacen, irresponsablemente, es poner más leña al fuego y preservar en el camino de la discriminación sistemática al pueblo mapuche y sus miembros.

11.- Hacemos un llamado a abordar las causas profundas del denominado “conflicto mapuche”, a encontrarse entre las partes y a comprender que las promesas no cumplidas son heridas que se acrecientan con el tiempo. Confiamos en que las futuras acciones para superar estas situaciones de emergencia sean instancias plurales, donde puedan participar todas las partes interesadas en encontrar de verdad un camino de solución y reconocimiento a la interculturalidad presente en la región. No queremos más mujeres, niños, niñas y ancianos heridos o amedrentados, ya que con ello se van formando nuevas generaciones, que solo crecen en más violencia.

12.- Del mismo modo, consideramos que el estado tiene una gran responsabilidad en poner freno y revertir los hechos de violencia que hoy se incrementan en la región. Ello, ya que no solo es el encargado de velar por el bien común, sino además, de impulsar procesos de entendimiento intercultural que el mismo con su equivoca acción a través de la historia, ha quebrantado. Consideramos, por lo mismo, que el estado no solo tiene el deber de proteger la propiedad de las familias rurales afectadas por hechos de violencia, sino también la vida y la integridad física y síquica de las comunidaes. Consideramos también que mano dura, expresada en la aplicación de la Ley Antiterrorista o del Estado de Sitio, o de la represión a niños mapuche, no son un buen camino para buscar la paz, sino por el contrario, pueden transformarse en un instrumento de mayor violencia.

13.- Consideramos que esta es una oportunidad histórica para que el estado revise sus políticas, primero de asimilación y hoy de integración hacia los pueblos indígenas, que tanto conflicto y dolor han generado en la región. Al hacerlo debería tener presente los compromisos internacionales asumidos y vigentes a la fecha, de acuerdo a los cuales debe respetar el derecho a la libre determinación de estos pueblos, estableciendo mecanismos concretos para el ejercicio de formas de autonomía en sus tierras y territorios. También debe generar mecanismos para hacer efectiva la restitución, o sino la compensación a estos pueblos por las tierras y territorios, de propiedad legal y/o ancestral, de los que han sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado. Finalmente, tiene que respetar los derechos de los pueblos indígenas a definir sus prioridades en materia de desarrollo, y garantizar su participación en los beneficios que de éste se generan, cuestión que como sabemos no ha ocurrido en el caso del pueblo mapuche en la región.

Desde ya manifestamos nuestra disposición a colaborar en la búsqueda, a través del diálogo y del entendimiento, de alternativas para superar las situaciones de conflicto existente en la región, alternativas que creemos solo pueden estar basadas en el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de pueblos originarios.

Centro Investigación y Defensas CID Sur

Fundación Instituto Indígena

Observatorio Ciudadano

CC. Sr. Andrées Molina, Intendente Región de la Araucanía

Sr. James Anaya, Relator Especial de la ONU para los derechos indígenas

INDH en Youtube

Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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