CIDH culmina el 152º Período Extraordinario de Sesiones

Escrito el 18 agosto 2014

CIDHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 152º Período Extraordinario de Sesiones en Ciudad de México del 11 al 15 de agosto de 2014, a invitación del Estado Mexicano. Durante estas sesiones, la CIDH celebró diversas reuniones con altas autoridades de México y organizaciones de la sociedad civil de dicho país. Asimismo, se realizaron siete audiencias públicas sobre la situación general de derechos humanos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Más de 60 organizaciones de la sociedad civil de esos países y representaciones de todos los Estados participaron en las audiencias, que se realizaron ante una concurrida asistencia de público en el Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que fueron seguidas por transmisión Web por miles de personas en toda la región. La Comisión Interamericana agradece a los Estados y la sociedad civil su activa participación en todas las audiencias.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Belice, las organizaciones de la sociedad civil identificaron buenas prácticas como campañas del Gobierno para la sensibilización de los derechos humanos y estrategias para atender la situación de las personas migrantes adoptadas en conjunto con los gobiernos de otros países de la región centroamericana. Por otra parte, identificaron como obstáculos a la vigencia de los derechos humanos ciertas medidas de las autoridades que no permitían la sindicalización de los trabajadores migrantes, la exigencia de pruebas de VIH a los migrantes, y la falta de conciencia entre la población respecto de los derechos de las personas LGBTI, migrantes y mujeres. Asimismo, se planteó la situación de los pueblos mayas en Belice, por el otorgamiento de concesiones a empresas que explotan los recursos naturales existentes en sus territorios ancestrales.

La representante de la Alianza Maya habló de la importancia de respetar el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas en relación a cualquier proyecto que se desarrolle en sus tierras.

En la audiencia sobre Belice, las organizaciones plantearon asimismo su preocupación por la vigencia continuada de la legislación que criminaliza las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo en Belice. La existencia de estas normas es inaceptable aún cuando no den lugar a procesos penales. Asimismo, plantearon su preocupación con respecto a la legislación migratoria de Belice, que prohíbe la entrada al país de determinadas personas con base en su orientación sexual. Específicamente, la legislación prohíbe expresamente el ingreso al país de “cualquier prostituta u homosexual o de cualquier persona que pueda estar viviendo o haya estado viviendo de ingresos generados por conductas de prostitución u homosexuales”. La Comisión expresa su profunda preocupación respecto de la prohibición a la entrada a Belice a personas con base en su orientación sexual, y reitera la necesidad de que el Estado adopte medidas a fin de proteger plenamente los derechos de los migrantes LGBTI.

Por su parte, el Estado de Belice mencionó que estaba llevando a cabo programas para enfrentar la pobreza, a pesar de los limitados recursos económicos con que cuenta. Agregó que existen programas de acceso universal a medicamentos para combatir el VIH/SIDA, así como programas especiales de protección para huérfanos a causa de dicho síndrome, y para prevenir el contagio prenatal. Los representantes estatales también mencionaron las políticas públicas que buscan erradicar la discriminación y estigma para las personas que viven con VIH. El Estado mencionó asimismo que otorga permisos sin costo para acceso a la salud y educación primaria de personas migrantes en áreas rurales y urbanas,y que de manera constante se realizan programas de capacitación a agentes estatales en materia de derechos de refugiados.

La Comisión reconoció el diálogo entre la sociedad civil y el Estado de Belice, así como los retos económicos que enfrenta el país, pero aclaró que estos no deben anteponerse a la protección de los derechos de las personas, en particular de los pueblos indígenas y migrantes. Entre las cuestiones pendientes de resolver por parte del Estado, la CIDH se refirió a la situación de los pueblos indígenas y sus tierras. En particular, la Comisión expresa su profunda preocupación por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Belice de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo sobre el caso “Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo”, publicado por la CIDH en el año 2004. Tal como lo ha indicado la CIDH en su informe anual de 2013, contrariamente a lo que indican las recomendaciones del informe de fondo de la Comisión Interamericana, el Estado de Belice permite el desarrollo petrolero y la tala ilegal en territorios mayas sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos mayas en relación con el uso de las tierras de su propiedad.

Adicionalmente, las autoridades están construyendo una carretera pavimentada que atraviesa muchos pueblos mayas, sin consulta ni consentimiento, la cual llegará hasta la frontera entre Belice y Guatemala. Ante la implementación de estos proyectos en tierras y territorios mayas sin cumplir con la obligación del Estado en materia de consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados, la CIDH solicitó en 2013 información al Estado, la cual no fue proporcionada. La Comisión Interamericana rechaza la falta de respuesta del Estado, así como el hecho de que en dos oportunidades en que la CIDH convocó a reuniones de trabajo sobre el cumplimiento de estas recomendaciones, las autoridades hayan pedido la cancelación de las mismas. La Comisión Interamericana reitera enfáticamente que el Estado de Belice debe dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de este informe.

Asimismo, los Comisionados hicieron referencia en la audiencia sobre Belice a la necesidad de adoptar medidas de protección de los derechos de las personas migrantes, y evitar su criminalización, así como atender la la grave condición de los niños y las niñas no acompañados. Otro asunto que la CIDH considera pendiente de resolver por parte del Estado de Belice es la falta de protección de las personas LGBTI, en especial en relación con sus derechos laborales, mediante la implementación real de políticas públicas incluyentes.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Costa Rica, las organizaciones participantes indicaron una serie de problemas relacionados por las trabajadoras y los trabajadores migrantes en este país. Dentro de dichos problemas hicieron referencia a condiciones inaceptables de trabajo, a abusos por parte de quienes los emplean y las dificultades para exigir derechos laborales y prestaciones de seguridad social derivadas de su trabajo. Destacaron que las autoridades en materia laboral y de seguridad social tienen conocimiento de esta problemática la cual no ha sido abordada de manera adecuada ni se han implementado mecanismos apropiados de supervisión. Asimismo, mencionaron que la normativa reciente en materia de migración y extranjería pone ciertos límites a las posibilidades de regularización.

Otro de los temas abordados por las organizaciones y por la Defensa Pública de Costa Rica, fue la grave situación de hacinamiento que se vive en los centros penitenciarios a nivel nacional. Específicamente, plantearon que ha habido un aumento radical del hacinamiento en las cárceles, que pasó de cero a cuarenta por ciento en la última década. Sobre este punto, identificaron como causas estructurales de la problemática el aumento de la pena máxima, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, el aumento de las penas de los delitos y la ausencia de un catálogo amplio de penas alternativas a la privación de libertad. En forma particular, las organizaciones se refirieron a la situación de los adolescentes y jóvenes adultos privados de libertad que enfrentarían una serie de abusos y actos de violencia. Asimismo manifestaron que la privación de libertad no se impone de manera excepcional o como mecanismo de último recurso conforme a los estándares internacionales.

Por su parte, el Estado de Costa Rica destacó y reafirmó su compromiso en materia de derechos humanos, haciendo referencia a la Constitución Política y a los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha ratificado. Destacó la existencia de una institucionalidad para abordar integralmente los problemas de derechos humanos. El Estado se concentró en la importancia de abordar integralmente el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación, reconociendo que la sola prohibición de la discriminación no es suficiente. Asimismo, el Estado hizo referencia al flujo migratorio en Costa Rica e indicó que la ley en materia migratoria de 2010 busca regular dicha situación. El Estado reconoció que este es uno de los mayores desafíos que enfrenta. También reconoció que la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios es una problemática de gran magnitud. Respecto de la situación de los adolescentes privados de libertad, el Estado manifestó su apertura a recibir las recomendaciones de la CIDH para fortalecer su sistema de justicia juvenil.

La CIDH manifestó preocupación por varios de los temas mencionados en la audiencia sobre Costa Rica. En ese sentido, la Comisión solicitó mayor información sobre el tema migratorio, los efectos de la legislación reciente sobre migración y extranjería, sobre los estudios realizados por las autoridades estatales respecto de la situación de hacinamiento en los centros penitenciarios y sus efectos, sobre la justicia penal juvenil, y sobre la ausencia de un enfoque preventivo que aborde las causas de estas problemáticas. Entre otros aspectos, el Estado se comprometió a entregar los estudios sobre el hacinamiento a la Comisión, así como informar sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes temáticos sobre los derechos de las personas privadas de libertad y las iniciativas que aborden la prevención de los delitos cometidos por adolescentes.

En audiencia sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, las organizaciones participantes indicaron que la vigencia de la actual Ley de Amnistía General continúa siendo un obstáculo para el juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Indicaron además, que las políticas públicas y reformas penales en materia de seguridad ciudadana no han venido acompañadas de un adecuado fortalecimiento institucional de la administración de justicia, persistiendo serias deficiencias estructurales en la Policía, la Fiscalía y el Órgano Judicial. También con relación al sector justicia, se hizo énfasis en la necesidad de adoptar un marco legal que garantice que los procesos de selección de magistrados de altas cortes cumplan con los estándares internacionales.

Con respecto a los derechos humanos de personas LGTBI en El Salvador, se denunció que las personas pertenecientes a estos grupos siguen siendo blanco de graves hechos de violencia perpetrados por la delincuencia común y, lo que califican como crímenes de odio, y que tales hechos en su amplia mayoría permanecen impunes debido a la falta de mecanismos que aseguren el acceso a la justicia de las víctimas y la poca voluntad de las autoridades competentes de investigar estos hechos. Igualmente informaron a la CIDH acerca de los obstáculos y formas de trato discriminatorio que enfrentan las personas LGTBI para acceder a los servicios de salud pública; y particularmente el hostigamiento y presión psicológica de que son objetos los jóvenes pertenecientes a estos grupos en el sistema de educación pública.

Con respecto a la actual crisis humanitaria generada por la migración de miles de niños centroamericanos en su ruta a los Estados Unidos, se informó en la audiencia relativa a El Salvador que entre octubre de 2013 y julio de 2014 habrían sido aprehendidos en Estados Unidos un total de 61,581 niños, niñas y adolescentes centroamericanos, de los cuales, 14,591 habrían sido salvadoreños. En este contexto, se indicó que al menos 5,411 niños, niñas y adolescentes salvadoreños habrían sido deportados desde México y los EEUU durante el 2012, 2013 y lo que va de 2014. En este sentido, destacaron la necesidad de abordar esta problemática desde una aproximación multi-causal que ponga el énfasis en las causas que empujan a estos niños a migrar. Asimismo, señalaron que es necesario dar pasos hacia una protección internacional en el trayecto y en el destino de los niños y las niñas migrantes, a través de convenios bilaterales y regionales que también aseguren la reunificación familiar sin riesgos. En adición a ello, mencionaron la necesidad de implementar políticas públicas destinadas a asistir a aquellos niños que retornan deportados a El Salvador.

Por otro lado, se informó que la criminalización absoluta del aborto en El Salvador genera en la práctica una situación de doble discriminación, toda vez que la persecución de este delito se dirige específicamente a mujeres que padecen de otras condiciones de vulnerabilidad, específicamente mujeres jóvenes pobres. Entre los años 2000 y 2011, 68 mujeres habrían sido procesadas penalmente por este delito, la mayoría de estas mujeres habrían sido denunciadas por personal de los centros de salud pública. Asimismo, el número de abortos inseguros ascendería a más de 35,000 al año.
Sobre el derecho a la libertad de expresión los participantes expresaron su preocupación por la falta de adopción por parte del Estado de El Salvador de medidas positivas para asegurar la diversidad en el espacio radioeléctrico y eliminar las barreras existentes que impedirían el ejercicio efectivo y sin discriminación por todas las personas y grupos de la sociedad de su derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, el Estado de El Salvador destacó y reafirmó su compromiso en materia de derechos humanos, informó acerca de algunas de las iniciativas que ha tomado en materia de respeto de los derechos humanos de personas LGTBI, como la expedición de un decreto de inclusión e igualdad laboral por parte del Poder Ejecutivo, y las medidas afirmativas para que personas LGTBI participen como observadores electorales durante las elecciones. El Estado igualmente se comprometió a crear espacios de diálogo con las defensoras de derechos reproductivos tendientes a concertar las medidas pertinentes frente a los alegatos de hostigamiento que de éstas serían objeto. Igualmente, reiteró su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana relativas a crímenes cometidos durante el conflicto armado, en particular la sentencia relativa a la masacre de El Mozote. Asimismo, la representación del Estado enumeró una serie de iniciativas relativas al goce de los derechos humanos de la población que se estarían adelantando en diversos ámbitos.

Durante la audiencia sobre El Salvador, los miembros de la Comisión hicieron énfasis en la necesidad de suscribir convenios bilaterales o regionales de cooperación para brindar atención integral a la niñez migrante, incluyendo a aquellos niños, niñas y adolescentes que buscan la reunificación familiar y los que huyen de la violencia, así como aquellos que son deportados. La CIDH recuerda al Estado la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través del Sistema Nacional de Protección y Promoción de sus Derechos a una vida sin violencia y sin obligación de migrar. Los Comisionados y las Comisionadas señalaron además la importancia de establecer mecanismos de designación y evaluación de los jueces de altas cortes y la necesidad de que el Estado adopte políticas públicas de alcance general dirigidas a proteger e incluir de forma igualitaria a las personas, grupos y comunidades LGBTI, más allá de las posibles iniciativas aisladas que se hayan llevado a cabo en esta materia. Adicionalmente, la Comisión urgió al Estado a revocar la prohibición absoluta del aborto, a fin de proteger la integridad personal y la salud de las mujeres.

En la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Guatemala, las organizaciones plantearon la persistencia de una serie de factores que impedirían el goce de derechos humanos por parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Señalaron que entre enero y julio de 2014 se habrían producido 691 agresiones contra defensores y defensoras, e indicaron que esta cifra es similar al número de agresiones registradas para todo el año 2013. Agregaron que esto incluye el uso de la fuerza en protestas sociales pacíficas de comunidades indígenas y campesinas. Informaron sobre cuestionamientos estatales a la labor de las y los defensores extranjeros.

Los participantes expresaron asimismo su preocupación por la existencia en Guatemala de discursos estigmatizantes sobre la labor de defensores y comunicadores, el aumento de procesos contra comunicadores críticos, y la necesidad de que se cree un mecanismo de protección de defensores y comunicadores, que respete los estándares internacionales en la materia. Según la información aportada por las organizaciones en la audiencia, la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensoras y Defensores no estaría ejerciendo sus funciones de prevención, actuaría únicamente de manera reactiva y las causas estarían siendo archivadas por la Fiscalía encargada de la investigación de delitos contra las y los defensores.

Indicaron que las personas LGBTI o percibidas como tales sufren en Guatemala agresiones y hostigamientos que incluyen allanamientos a sus organizaciones. Además no se ha aprobado una ley que reconozca el derecho a la identidad de las personas trans.
Por otro lado, en la audiencia sobre Guatemala se mencionó la necesidad de cumplir con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en un contexto de afectación a los derechos territoriales por megaproyectos. También se refirieron al fenómeno de la migración forzada de niños y niñas y a los problemas estructurales que la generan. En cuanto al poder judicial, indicaron la ausencia de garantías de estabilidad mas allá de autoridades de bajo rango y los procesos discrecionales de selección. Finalmente, se expresó preocupación por la situación de impunidad derivada de la aplicación de facto de la Ley de Reconciliación Nacional y la consecuente parálisis de las investigaciones de las graves violaciones perpetradas durante el conflicto.

Por su parte, el Estado de Guatemala resaltó los esfuerzos en materia de no discriminación y se refirió a la ratificación de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos y su adición al Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señaló que respeta a labor de defensores y defensoras y que los procesos de selección de operadores de justicia son adecuadas. En cuanto a las tierras y territorios de los pueblos indígenas señaló que deben ponderarse los intereses en juego. Sobre la situación de las personas LGBTI indicó que creó una mesa técnica interinstitucional para garantizar sus derechos. Señaló que tiene conocimiento de un aumento de migración de la niñez hacia los Estados Unidos y que debe asumirse una responsabilidad compartida para otorgar condiciones de vida aceptables a los niños y niñas migrantes, así como procesos de repatriación acordes con el interés superior del niño. Señaló que la Comisión de Esclarecimiento Histórico constituyó un avance en el conocimiento de la verdad sobre el conflicto armado interno. Respecto de la judicialización de los casos del pasado, señaló que dicha Comisión estaría facultada para aplicar la figura de amnistía en casos en que se concluya que esto es necesario para alcanzar la paz, aunque también indicó que este aspecto debe ser determinado por las autoridades judiciales internas.

La Comisión solicitó información sobre las medidas adoptadas por el Estado de Guatemala para dar cumplimiento a las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas. Indicó que si bien la reconciliación es fundamental, no es posible excluir los derechos de las víctimas a la obtención de justicia. Asimismo, expresó su preocupación por el aumento en las agresiones contra periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Sobre estos últimos solicitó información sobre medidas de protección y legitimación de su labor. La Comisión resaltó la importancia de garantizar el derecho a la consulta y a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, y señaló que estos derechos no deberían ser vistos como un elemento que menoscaba la soberanía del Estado sino como una fuente de fortalecimiento democrático. También solicitó aportar cifras sobre la niñez migrante y los esfuerzos que se estén realizando a través de la firma de convenios bilaterales y regionales a fin de lograr la reunificación familiar, evitando las rutas clandestinas. La CIDH destacó asimismo la importancia de fortalecer las políticas a favor de la población LGBTI, incluyendo una ley para el derecho a la identidad de las personas trans.

La CIDH también expresó su preocupación por las interferencias que menoscaban la independencia del Poder Judicial. La Comisión Interamericana resaltó en la audiencia su interés sostenido en realizar una visita a Guatemala, e invita al Estado a avanzar con el establecimiento de fechas para la misma.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, la Comisión fue informada que entre noviembre de 2013 y junio de 2014 fueron detenidos en la frontera sudoeste de Estados Unidos al menos 13,282 niños procedentes de Honduras; y que de enero a junio de 2014 regresaron a Honduras 4,557 niños deportados, la mayoría procedentes de México. Esta grave crisis humanitaria está directamente relacionada con el hecho de que según las cifras aportadas el 45.3% de la población hondureña vive en condiciones de pobreza extrema; el país presenta un índice de homicidios de 79 por cada cien mil habitantes; y que en los primeros cinco meses del presente año se han registrado 440 homicidios de niños, niñas y adolescentes, producidas por los altos índices de violencia que imperan en los entornos familiares y comunitarios. En este sentido, las organizaciones participantes reconocieron la adopción de diversas iniciativas y medidas de alcance inmediato por parte del Estado, pero subrayaron la necesidad de que se adopten medidas integrales a mediano y largo plazo. Asimismo, se denunció el agravamiento de la violencia en la región del Bajo Aguán y la situación de impunidad en la que se mantienen la mayoría de los homicidios de campesinos perpetrados por grupos armados en esa zona. Por otro lado, se informó que la tasa de muertes violentas de mujeres pasó de 2.7 por cada 100,000 habitantes en el 2005 a 14.6 en el 2013, sólo en 2013 fueron asesinadas 636 mujeres; asimismo, las denuncias de mujeres desaparecidas pasaron de 91 en 2008 a 347 en 2013. En este contexto, la tasa de impunidad en casos de violencia sexual y asesinatos de mujeres sería del 95%.

De igual forma, las organizaciones participantes en la audiencia sobre Honduras indicaron que los métodos anticonceptivos de emergencia, que estaban disponibles para las mujeres desde 1999, fueron prohibidos luego del golpe de Estado en el 2009. Las organizaciones denunciaron que a partir del golpe de Estado se habría recrudecido la violencia contra las personas LGBTI, en el periodo 2009-2014 se habrían producido al menos 157 homicidios contra miembros de este colectivo. Estos crímenes no serían investigados con la debida diligencia, y en algunos casos ni siquiera serían registrados por el Ministerio Público. Por otro lado, los participantes llamaron la atención sobre la creciente militarización de las diversas funciones de seguridad del Estado, y del empleo del aparato militar para cubrir tareas que son ajenas a sus funciones, como la educación cívica de niños y jóvenes.

El Estado de Honduras, por su parte, manifestó su compromiso frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y mencionó una serie de medidas e iniciativas que se han venido adoptando en los años recientes. Destacó la tipificación del delito de feminicidio en 2013; la creación de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Vida; la firma de un convenio interinstitucional para políticas públicas en materia de derechos humanos; la conformación de un Comité Técnico Interdisciplinario cuyo mandato consiste en analizar la situación que se ha venido desarrollando en la región del Bajo Aguán así como proveer de los insumos necesarios para que el Presidente de la República adopte futuras decisiones a ese respecto; la implementación de varias medidas asistenciales dirigidas a las personas migrantes; y la creación de la Dirección de la Niñez y la Familia.

En la audiencia sobre Honduras, los miembros de la Comisión Interamericana hicieron énfasis en la necesidad de que las medidas adoptadas por el Estado tengan un impacto real en aquellas situaciones a las que están dirigidas. Asimismo, la Comisión reconoció las distintas medidas que se han adoptado con respecto a la crisis humanitaria relativa a los derechos de las personas migrantes, especialmente relacionada a niños, niñas y adolescentes. La Comisión instó al Estado a evitar la utilización de recursos de cooperación para aumentar la militarización o para implementar otras políticas represivas, y urgió en cambio a adoptar políticas públicas de corto y de largo alcance que incluyan un abordaje multi-causal de esta problemática, dirigidas precisamente a contrarrestar las condiciones reales que motivan la migración. La Comisión destacó la importancia del proyecto de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia como un paso importante. La CIDH recordó al Estado que para que dicho mecanismo sea efectivo, las autoridades deben asegurar que sea debidamente consultado con la sociedad civil y expertos sobre el tema, y que el mismo debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos sobre la materia. Por otro lado, la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres subrayó que está ampliamente documentado y demostrado que los anticonceptivos de emergencia no son métodos abortivos.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil presentaron información sobre la existencia de una persecución estatal a las personas y grupos que son identificados como opositores al gobierno. Como ejemplos de esta situación, mencionaron agresiones en el marco de la protesta social, actos de hostigamiento y deslegitimación de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros factores.

En materia de libertad de expresión en Nicaragua, los participantes denunciaron la compra significativa de medios de comunicación por parte de personas vinculadas al gobierno, así como el uso de mecanismos como el discurso estigmatizante y la asignación arbitraria de frecuencias de radiodifusión y publicidad oficial para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. Asimismo, informaron acerca de los obstáculos que subsisten para el ejercicio del derecho a la protesta social y la implementación efectiva del derecho al acceso a la información pública. Los solicitantes también expresaron preocupación por la figura de la reelección indefinida para la Presidencia de la República y el otorgamiento de amplias facultades al Poder Ejecutivo para emitir decretos sobre aspectos que deberían ser de competencia del Poder Legislativo. En suma, indicaron que en Nicaragua hay una crisis institucional y una afectación a la democracia.

Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua se refirieron a otros temas como la violencia contra las mujeres, la explotación de los recursos naturales en violación de derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Finalmente, se refirieron al sistema penitenciario. Informaron sobre problemas generales de infraestructura y servicio sanitario que afectan las condiciones de detención. En particular, informaron sobre el uso de las celdas preventivas en instalaciones policiales por tiempo mayor al establecido e incluso llegando al extremo de que allí hay personas cumpliendo condena.

Por su parte, el Estado de Nicaragua inició mencionando que es el segundo país más pobre de América Latina y reconoció varias de las dificultades mencionadas, particularmente en el tema penitenciario, respecto del cual indicó que la principal limitación es de carácter económico. Se refirió a la reforma constitucional aprobada en enero de 2014 conforme a los procedimientos constitucionales para tal efecto, e indicó que se busca profundizar la seguridad y la paz. El Estado puso especial énfasis en los esfuerzos para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Específicamente señaló la reducción de la pobreza y pobreza extrema, la reducción de la desigualdad social, la reducción de la desnutrición infantil, de la mortalidad materna y de la mortalidad infantil. Mencionó avances en materia de educación con un enfoque intercultural, así como a la disminución de la tasa de analfabetismo. El Estado hizo referencia a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades e indicó que la lucha contra la discriminación y violencia contra la mujer es una política de Estado. El Estado aportó cierta información sobre algunos de los casos mencionados por las organizaciones y mencionó esfuerzos en materia de seguridad, a la vez que reconoció limitaciones en la institución policial.

La CIDH expresó preocupación por la información recibida sobre estigmatización y amenazas contra las defensoras y los defensores de derechos humanos en Nicaragua y solicitó información sobre las medidas en relación con estos hechos, así como las respectivas investigaciones. También preguntó sobre la participación de la sociedad civil en los procesos de selección de magistrados. Asimismo, se formularon inquietudes sobre el tema de las celdas provisionales en instituciones policiales y sobre el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil a los centros penitenciarios y se solicitó información sobre los adolescentes privados de libertad. La Comisión mencionó la importancia de contar con los informes citados por el Estado como sustento de los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales y mostró particular interés en conocer el funcionamiento actual de la policía comunitaria y su impacto en adolescentes y jóvenes. Finalmente, la Comisión puso énfasis en la importancia de una visita a Nicaragua y de la necesidad de que exista una política de puertas abiertas, y la Presidenta de la CIDH indicó que tiene interés en realizar una visita a Nicaragua en su calidad de Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI.

En la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Panamá las organizaciones participantes se refirieron a diversas deficiencias persistentes el sistema de administración de justicia. A este respecto, reiteraron la necesidad de que finalmente se apruebe la Ley de Carrera Judicial, cuya iniciativa de proyecto se encuentra pendiente de discusión en la Asamblea Nacional desde 2005. Con lo cual, a falta de un marco legal adecuado en esta materia, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada, dando lugar a un amplio margen de discrecionalidad en los nombramientos de los operadores de justicia, y en la falta de mecanismos que garanticen la independencia de los jueces, particularmente de las presiones e injerencias de sus superiores jerárquicos. En este contexto, se estima que existen aproximadamente 642 jueces interinos de un universo de más de 1,600 funcionarios judiciales; y que en los últimos cinco años se nombraron cuatro Procuradores Generales de la Nación.

Las organizaciones participantes en la audiencia sobre Panamá se refirieron además a la falta de diligencia en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos de violencia doméstica, y a la falta de conocimiento y aplicación por parte de los jueces penales de los estándares existentes en el derecho internacional de los derechos humanos en materia de violencia contra la mujer. Adicionalmente, se refirieron a la excesiva demora en los procedimientos judiciales, particularmente en la resolución de acciones de garantías constitucionales, como los amparos, hábeas corpus y hábeas data, cuya decisión final puede demorar, en algunos casos, de 3 a 5 años.

En materia de impunidad y falta de reparación a las víctimas, los participantes destacaron que el 30 de junio del presente año, a pocas semanas de culminar su mandato, el ex Presidente panameño Ricardo Martinelli indultó a más de 336 personas procesadas por delitos comunes, incluyendo a los policías acusados por la muerte por quemaduras de varios menores de edad producidas en el incendio ocurrido en el Centro de Cumplimiento para Menores en Tocumen, hecho destacado por la CIDH en su Comunicado de Prensa No. 2/11.

Por otro lado, los participantes denunciaron los niveles alarmantes de contaminación del río La Villa, principal fuente hídrica de la península de Azuero, por acción de agentes contaminantes privados. La contaminación de este río afecta a cientos de miles de personas que viven en las provincias de Herrera y Los Santos, y conllevó a que el gobierno declara este año un estado de emergencia transitorio.

El Estado de Panamá, por su parte, ratificó su compromiso frente a los organismos internacionales de derechos humanos, y concretamente reiteró la voluntad política existente de adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de expresión, y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, las mujeres, los niños, las personas LGBTI, los pueblos indígenas entre otros grupos respecto de los cuales el Estado tiene un deber concreto de protección. De igual forma el Estado se comprometió a crear y poner en funcionamiento el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OP-CAT). Igualmente, informó que se han iniciado las investigaciones relativas a la contaminación del río La Villa.

La CIDH manifestó preocupación por varios de los temas mencionados en la audiencia sobre Panamá, en particular los problemas y desafíos relacionados con el sistema de designación, nombramiento, adscripción y disciplina de miembros del Poder Judicial, así como por los decretos que liberaron a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos, propiciando su impunidad y dejando a las víctimas en un estado de indefensión. En este sentido, cabe resaltar que después de la audiencia, la CIDH tuvo conocimiento a través de medios de comunicación de que el Presidente Juan Carlos Varela habría revocado los decretos ejecutivos que otorgaban estos indultos, con base en que la normativa en Panamá permite los indultos para delitos políticos y no para delitos comunes. La Comisión Interamericana espera que esta medida permita combatir la impunidad y alcanzar justicia y reparación para las víctimas de estos crímenes.

Asimismo, la Comisión destacó la importancia de que las investigaciones penales en los casos de violencia contra las mujeres sean conducidos con la debida diligencia y teniendo en cuenta una perspectiva de género. Resulta imprescindible que las autoridades judiciales encargadas de resolver estos casos conozcan e incluyan en sus decisiones los estándares internacionales en la materia. Adicionalmente, los miembros de la Comisión Interamericana hicieron énfasis en la necesidad de que el Estado de Panamá investigue, procese y sancione a las personas responsables de la contaminación del río La Villa, así como atender la situación de la población afectada. Destacaron la importancia de adoptar las medidas adecuadas para garantizar la adecuada investigación y procesamiento de los delitos de violencia intrafamiliar, y reducir los mencionados niveles de impunidad que se estarían registrando respecto de estos hechos. También señalaron la necesidad de evitar patrones discriminatorios en la persecución penal y en los operativos llevados a cabo por la policía, especialmente con jóvenes afrodescendientes vinculados al toque de queda. Por último, manifestaron su preocupación respecto de la información según la cual no se habrían satisfecho las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas del incendio ocurrido el 9 de enero del 2011 el Centro de Cumplimiento para Menores en Tocumen, en la Provincia de Panamá, y tampoco se habrían registrado avances en relación con los cambios que el sistema de justicia penal juvenil precisa para evitar la repetición de hechos de esa naturaleza.

La Comisión expresa su agradecimiento al Gobierno de México por la invitación a realizar su Período Extraordinario de Sesiones en este país y por su cooperación para planificar y llevar adelante su agenda de actividades. Igualmente, la Comisión agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su cooperación para la realización de las audiencias y de un seminario académico sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tuvieron lugar en el Palacio de Minería de dicha institución. Asimismo, la Comisión manifiesta su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo mexicano por su colaboración y hospitalidad.

Durante las sesiones, la CIDH sostuvo reuniones con el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong; el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade; el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB); el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes Andrade; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera; entre otras autoridades del Gobierno. Asimismo, la Comisión se reunió con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
En adición a la reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores, la delegación sostuvo reuniones con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo; el Director General de Derechos Humanos y Democracia, Alejandro Alday; el Director General Adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos, Erasmo Lara Cabrera; el Representante Permanente de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa; el Representante Alterno de México ante la OEA, Pablo Monroy Conesa; el Consultor Jurídico Max Diener; la Directora de Política Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y Democracia, Consuelo Olvera Treviñón; el Director General Adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos, Roberto de León Huerta; la Coordinadora de Asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Ana Paola Barbos; y el Director de Casos, Luis Jardón Piña.

Asimismo, en relación a la Secretaría de Gobernación, adicionalmente a la reunión con el Secretario, la CIDH sostuvo encuentros con la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón García, y la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
El pleno de la Comisión Interamericana se reunió con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Fernando Franco González Salas, José Ramón Cossío Díaz, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Moralea.

En relación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la CIDH se reunió con el Magistrado Presidente, José Alejandro Luna Ramos; la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; y los magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.
Por otra parte, en adición a la reunión con el Procurador General de la República, la Comisión Interamericana se reunió con la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez; la Encargada del Despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eliana García Laguna; y el Encargado de Despacho, Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías, Guillermo Fonseca Leal.

Por parte del Gobierno del Distrito Federal, además de la reunión con el Jefe de Gobierno, la Comisión sostuvo reuniones con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Cipactli Dinorah Pizano Osorio, y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo. Del Poder Judicial del Distrito Federal, la CIDH se reunió con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar.

Respecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, la CIDH sostuvo reuniones con el Rector, José Narro; el Abogado General, Luis Raúl González Pérez; y el ex-juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez.

La CIDH sostuvo asimismo un encuentro con los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Diego García Sayán.

Asimismo, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil de México y personas que participaron a título personal. En estas reuniones, se abordaron, entre otros, los siguientes temas: situación de derechos humanos de las mujeres, la niñez, las personas migrantes, las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, las personas privadas de libertad, los defensores y defensoras de derechos humanos, las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, así como la situación del derecho a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales. Las organizaciones participantes en estas reuniones fueron: Abogados del Pueblo, ACUDDEH, ADIVAC, Aldeas Infantiles SOS México, Alianza Peruana de Cooperación, Almas Cautivas, Amnistía Internacional, ANEP Costa Rica, APIXAC, Artículo 19 Capítulo para México y Centroamérica, Asamblea del Agua, Asesoría Legal en Derechos Humanos, Asesoría Capacitación y Asistencia en Salud, ASILEGAL, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asylum Access, BARCA DH-Oaxaca, Casa de los Derechos de los Periodistas, Católicas por el Derecho a Decidir, CEDHAPI, CEJIL, Centro Comunitario de Atención al Migrante, Centro DDHH Fray Matías, Centro de DDHH Ceferino Ladrillero, Centro de DDHH Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, Centro de los Derechos del Migrante, Centro de Reflexión y Acción Laboral, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Centro Nacional de Comunicación Social A.C, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, Centro PRODH, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Clóset de Sor Juana, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Colectivo de Apoyo a las Personas Migrantes, Colectivo Hombres XX, Colectivo Trata de Personas, Colegio de Periodistas, Comisariado de Bienes Comunales de Jaltepec de Candayoc Mixe, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, Comisión Mesoamericana de Juristas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Comité Internacional de la Cruz Roja, Comunidad Agraria Jaltepec de Candayoc, Comunidades Afectadas por la Construcción de la Presa El Zapotillo, Consorcio Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Contraloría Social Indígena, DECA Equipo Pueblo, Defensa Legal Sur, Democracia y Sexualidad, Disability Rights International, Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Eje Sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado, Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Equis Justicia para las Mujeres, Foro Jóvenes con Liderazgo, Frente Ciudadano Pro Derechos de Transexuales y Transgénero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, Fundación Cambia la Historia, Fundación Diego Lucero, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, GIRE, Global Workers Justice Alliance, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, Grupo de Información en Reproducción Asistida, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, Grupo de Trabajo en Política Migratoria, Help for Progress, Hermanos en el Camino, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Humana Nación, Incide Social, Inclusión y Equidad, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, INEDIM, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras, Instituto de Desarrollo Humano del DF, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Instituto para las Mujeres en Migración, International Detention Coalition, JASS, JUCONI, Letra S Sida Cultura y Vida, Liga Mexicana por la Defensa de los DDHH, Misiones Scalabrinianas para Migrantes y Refugiados, Mujer y Medio Ambiente, Mujeres por México en Chihuahua, Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio, Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia, Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa, Organización Sakil Nichim Antsetik, PRECADEM, Prevención Capacitación y Defensa del Migrante, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Programa Universitario de Diversidad e Interculturalidad de la UNAM, Propuesta Cívica, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Pueblo Sin Fronteras, Radio Educación, Radio Luvianos, Red Todos los Derechos para Todos y Todas, Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, Red de Monitoreo de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red por los Derechos de la Infancia de México, Red Solidaria Década contra la Impunidad, Representantes de la Comunidad Indígena Álguila, Representantes de la Tribu Yaqui, Representantes del Pueblo Triqui, Reverde Ser Colectivo, Revista Amigos, Ririki Intervención Social, Sección 59 SNTE, Servicio Jesuita a Migrantes, Servicios de Asesoría para la Paz, Servicios del Pueblo Mixe, Servicios Legales y Derechos Humanos, Sin Fronteras, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sociedad Unida, Tamaulipas Diversidad, Tlachinollan, UCIDEBACC y UFCW Canadá.

En el marco del 152º Período Extraordinario de sesiones se realizó un seminario académico en el Palacio de Minería sobre los aportes y desafíos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los paneles, además de contar con la presencia de las y los comisionados, estuvo presente José Narro Robles, Rector de la UNAM; Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM; Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Mariclaire Acosta, Directora de Freedom House; María Leoba Castañeda Rivas, Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; Sergio García Ramírez, ex juez y ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos; Pilar Noriega García, de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero; Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; y Fernando Ríos, de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

La Comisión Interamericana realiza varios períodos ordinarios de sesiones al año en su sede. Adicionalmente, la CIDH puede celebrar períodos de sesiones fuera de la sede, a invitación de los Estados respectivos, siendo los más recientes las de Guatemala en 2006, Paraguay en 2007 y Argentina en 2009. La CIDH está en la mejor disposición de realizar períodos de sesiones fuera de sede en atención a las invitaciones que realicen los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Participaron del 152º Período Extraordinario de Sesiones la Presidenta de la CIDH, Tracy Robinson; la Primera Vicepresidenta, Rose-Marie Belle Antoine; el Segundo Vicepresidente Felipe González; los Comisionados y las Comisionadas José de Jesús Orozco Henríquez; Rosa María Ortiz; Paulo Vannuchi y James Cavallaro; el Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria; la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero; y otros integrantes del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

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“Imaginópolis, una ciudad a tu medida”, es el micrometraje ganador del Concurso Nacional Arte y Derechos Humanos 2016. A través del humor y la ironía, desarrolla una ácida crítica a la sociedad en que vivimos: apresurada, muchas veces intolerante, poco empática y que suele discriminar a las personas con discapacidad. Imaginópolis es una ciudad de ensueño, donde se respetan las diferencias y existe real goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Un llamado a la reflexión.

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