CIDH llama a los Estados a implementar políticas de inclusión social para la juventud

Escrito el 13 agosto 2014

CIDHEn el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce a la juventud como un actor fundamental en la sociedad y destaca su capacidad para hacer contribuciones positivas y transformadoras. Sin embargo, expresa su preocupación por la discriminación, la exclusión social y la falta de oportunidades que sufren adolescentes y jóvenes de la región.

La CIDH observa con particular preocupación la estigmatización social que enfrentan los adolescentes y jóvenes, a quienes se les percibe como los causantes del contexto de violencia e inseguridad que se vive en la región. Las profusas evidencias existentes demuestran que los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos que más sufren y están expuestos a ser víctimas de la violencia en sus diversas manifestaciones.

La Comisión insta a los Estados a redoblar sus esfuerzos para enfrentar las causas fundamentales de la violencia y la inseguridad, y a estimular políticas que contribuyan a la inclusión social y a superar las profundas inequidades y la falta de igualdad de oportunidades para los jóvenes. Estas son las situaciones que subyacen como parte del problema y que obligan a miles de jóvenes y niños a migrar. La Comisión insta asimismo a los Estados a promover la erradicación de toda forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, o tolerancia hacia ella, en la sociedad.

Asimismo, la Comisión advierte sobre las tendencias regresivas en el hemisferio en materia de un aumento en el ejercicio del poder punitivo del Estado en contextos con niveles de inseguridad y violencia y, de modo particular, en lo que se refiere al tratamiento hacia los y las adolescentes. Preocupan a la CIDH los discursos que abogan como solución la rebaja de la edad de responsabilidad penal y el endurecimiento de las penas para los adolescentes. Es relevante y necesario tomar en cuenta que, en muchos casos, los niños y adolescentes victimarios han sido también víctimas o testigos de alguna forma de violencia, abuso, explotación o negligencia en sus hogares, escuelas o comunidad, por parte de adultos, de sus pares, o por parte de las fuerzas policiales, y que con frecuencia han sufrido otras vulneraciones a sus derechos humanos, sin que hayan existido medidas adecuadas para protegerles y garantizar sus derechos.

Las preocupaciones de los Estados y de las sociedades en materia de seguridad ciudadana son legítimas. La violencia y el crimen son percibidos por la mayoría de los ciudadanos del hemisferio como uno de los principales problemas que deben ser abordados por los Estados. Los Estados tienen la responsabilidad de tomar acciones adecuadas para proteger a los ciudadanos, con estricto apego a la ley y a los derechos humanos.

Sin embargo, representa un problema en los países de la región la adopción de políticas de corto plazo, o de “mano dura”, en busca de soluciones rápidas y efectivas, basadas en el control y la represión. Este tipo de políticas son resultado, en parte, de la ausencia de un análisis objetivo del contexto y las causas de la inseguridad ciudadana, así como del alarmismo social y de un debate público centrado en aspectos emocionales y estereotipos. La CIDH manifiesta que, en términos generales, este tipo de respuestas centradas en la represión han probado ser inefectivas, han generado más violencia, agudizado otros problemas existentes, además de ser en muchas de las ocasiones vulneradoras de los derechos humanos, y tener efectos contraproducentes para el Estado de Derecho al erosionar la confianza en las instituciones democráticas al cuestionar su capacidad para hacer frente a estas situaciones.

La CIDH urge a los Estados a adoptar políticas públicas integrales que reconozcan el carácter multifacético y complejo de la inseguridad y la violencia y que puedan hacer frente a las causas estructurales de las mismas.

La Comisión expresa además su preocupación por las precarias condiciones en los centros de privación de libertad de adolescentes, las situaciones de violencia y abuso de la fuerza detectadas, el uso de las celdas de aislamiento, y la limitada capacidad de los sistemas actuales para rehabilitar y reintegrar socialmente a los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, lo cual se constituye como parte de la problemática. La Comisión nota las dificultades que tienen todos los países del hemisferio en trabajar la prevención, en aplicar modelos de justicia restaurativa, de medidas alternativas a la privación de libertad, así como de sistemas que no supongan la judicialización de los adolescentes. La Comisión recuerda los estándares fijados en su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, en especial el uso de la privación de libertad como medida de último recurso y por el menor tiempo necesario cuando se trata de personas menores de 18 años.

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