CIDH saluda primera sesión del Grupo de Trabajo de OEA para analizar informes sobre cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales

Escrito el 24 febrero 2015

CIDHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia con beneplácito la realización del primer período de sesiones del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador, o Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este primer período de sesiones participarán el Comisionado Paulo Vannuchi, encargado de la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, quien es miembro titular de este Grupo de Trabajo de la OEA, así como la Comisionada Rosa María Ortiz, miembro suplente del Grupo por la CIDH.

El Protocolo de San Salvador fue adoptado en 1988 y entró en vigor en 1999. Este Protocolo dispone que los Estados Partes de la OEA presenten informes periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. La Asamblea General de la OEA decidió que los informes nacionales que se presenten serían analizados por un Grupo de Trabajo, el cual está integrado por tres expertos gubernamentales, un experto independiente y un Comisionado de la CIDH. La primera sesión de este Grupo de Trabajo de la OEA tendrá lugar en la sede de la Organización, del 23 al 26 de febrero de 2015.

Esta primera sesión “constituye un hito, un evento histórico”, dijo el Comisionado Paulo Vannuchi. “El Protocolo reafirma que es un propósito de la OEA consolidar en el continente un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos humanos, y reconoce la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos. De hecho, señala textualmente que el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sólo puede realizarse si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Son sabias palabras, y sobre todo sabios conceptos, los que contiene este Protocolo redactado por los representantes de los Estados Miembros de la OEA en 1988”, agregó.

“Estos conceptos están en el meollo del debate político de este siglo XXI, debate que se desarrolla con especial énfasis y pasión en nuestra América”, agregó el Comisionado a cargo de la Unidad DESC. “Nuestro desafío como organización, y el desafío de todos nosotros como región, es avanzar de forma armoniosa en el respeto de todos los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Porque no puede haber libertad donde hay hambre, y no puede haber futuro donde no hay educación o atención a la salud”, señaló.

“Esta primera sesión del Grupo de Trabajo constituye un hito porque es un paso muy significativo en el largo camino que nos queda por recorrer en esta materia. El Grupo de Trabajo recibirá y analizará los informes que los propios Estados presentarán sobre el progreso alcanzado. El objetivo es contribuir y construir en forma conjunta”, dijo el Comisionado Vannuchi.

Hasta el momento, 19 Estados han firmado y 16 han ratificado el Protocolo de San Salvador. “A pocos días de iniciar el primer período de sesiones para evaluar los informes del países, el Grupo de Trabajo celebra estos avances y reitera su disposición a colaborar en todo el proceso de verificación de los DESC por parte de los Estados, como también a recibir inquietudes y aportes de las organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que reitera la necesidad de avanzar aún más en el afianzamiento del Grupo de Trabajo al interior de la Organización de los Estados Americanos”, dijo la Presidenta del Grupo de Trabajo, Laura Pautassi.

En cumplimiento de sus mandatos, el Grupo de Trabajo evaluará los informes de países correspondientes al primer agrupamiento de derechos (derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social) presentados por los Estados partes, a fin de iniciar el proceso que incluirá efectuar recomendaciones a los Estados con el objetivo de lograr la progresiva satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales en la región.

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