CIDH urge a los Estados a dar pasos decididos para prevenir la tortura

Escrito el 26 junio 2014

CIDHEn el marco de la celebración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de la región a fortalecer la implementación de mecanismos destinados a prevenir la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; a investigar y sancionar tales actos, y a reparar a las víctimas; y urge a los Estados de la región que aún no lo han hecho, a ratificar la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de todas sus instancias, ha sido claro en cuanto a establecer que la tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, están absolutamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta prohibición no puede ser derogada y no admite excepciones de ningún tipo, aún en situaciones de guerra, lucha contra el terrorismo o estados de emergencia o calamidades públicas.

“No hay absolutamente ninguna justificación para la tortura. No existe ningún escenario donde la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes sean aceptables. El derecho internacional de los derechos humanos lo establece con absoluta claridad, y así ha sido reiterado por la Comisión y la Corte Interamericanas”, dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Tracy Robinson. “Es fundamental que los Estados de la región den pasos firmes que garanticen que ninguna persona bajo su jurisdicción sea sometida a torturas. La ratificación universal de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura es uno de esos pasos, y otro es la necesidad de que todos los países adecuen su derecho interno a los estándares internacionales en la materia”, agregó. Este tratado fue adoptado en 1985, y a la fecha ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Tanto la Comisión, como la Corte Interamericana han establecido que, en casos de tortura, una reparación integral exige que los Estados realicen una investigación de oficio con la debida diligencia, en forma seria, imparcial y exhaustiva. La jurisprudencia del Sistema Interamericano establece asimismo que es preciso disponer medidas de reparación que brinden atención adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas. En estrecha relación con lo anterior, la Comisión ha subrayado además la necesidad de que las más altas autoridades del Estado envíen un mensaje claro de rechazo al empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que se adopten las medidas necesarias para desarraigar estas prácticas de la cultura institucional de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, la Comisión insta a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que aún no lo hayan hecho, a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A los Estados que ya han ratificado este instrumento, la Comisión les insta a implementar de manera efectiva el mecanismo nacional de prevención, asegurando que éste cuente con los recursos, la independencia y el apoyo institucional suficientes para ejercer sus funciones de manera efectiva.

La Comisión enfatiza la necesidad de que los Estados fortalezcan su trabajo con los mecanismos regionales e internacionales para prevenir la tortura y para implementar las órdenes y recomendaciones de los órganos de supervisión con el objetivo de consolidar los sistemas nacionales de protección.

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