Columna de opinión – AVP: Censo e igualdad de derechos

Escrito el 11 abril 2013

1}Por Lorena Fries Monleón, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En un país en el que se acepta y reconoce la existencia de distintos tipos de familia y no sólo la matrimonial, el no reconocimiento de las uniones de hecho constituye un grave menoscabo.

Los recientes resultados del Censo 2012 entregados por el INE evidencian algunas tendencias que venían anticipando estudios y encuestas de opinión respecto de los cambios que la sociedad chilena ha ido experimentando en la última década. Al mismo tiempo, algunas de las cifras presentadas constituyen nuevos antecedentes de situaciones sociales que si bien desde el paradigma de los derechos humanos están reconocidas y deben ser tratadas, no necesariamente han encontrado eco en la clase política.

Resulta particularmente interesante la constatación de que 2.113.703 personas hayan declarado que conviven -independiente de su composición sexual o de género- con su pareja. Ello da cuenta de la importancia de legislar en torno a la situación de desigualdad en que se encuentran quienes no quieren o no pueden casarse frente a aquellas parejas casadas: las primeras no gozan del reconocimiento ni de los beneficios sociales que sí tienen las segundas, estableciéndose claramente una ciudadanía de primera y de segunda categoría.

El proyecto de ley de Acuerdo de Vida en Pareja tal y como está hoy en su trámite legislativo señala que “el Estado no está cumpliendo adecuadamente con su finalidad ni sus deberes primordiales si no ofrece un marco jurídico que, al menos, reconozca, respete y otorgue certeza jurídica a los derechos de esos aproximadamente dos millones de compatriotas, que viven en pareja sin estar casados, regulando los efectos patrimoniales, sociales y sucesorios de su convivencia”. Se trata, de acuerdo al propio texto, de un piso mínimo en el camino hacia la plena igualdad de todos y todas que no debiera ofrecer mayores resistencias y que incluso en el debate podría incorporar aspectos que no están considerados en él. Por lo pronto, el AVP no afecta/altera el estado civil, cuestión que dice relación con que para el gobierno el “matrimonio corresponde a un contrato que por su naturaleza debe ser celebrado entre un hombre y una mujer”. Ciertamente se trata de la vieja fórmula “separados pero iguales” que se ha adoptado en varios países y que posibilita un piso de protección básico que resulta urgente para quienes conviven.

En un país en el que se acepta y reconoce la existencia de distintos tipos de familia y no sólo la matrimonial, el no reconocimiento de las uniones de hecho constituye un grave menoscabo en el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas y una falta de protección jurídica a la familia a la que el Estado se obligó con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La discusión y la adopción de una ley que reconozca y valide las uniones de hecho nos hacen bien como sociedad, más aún cuando los resultados del Censo 2012 nos obligan a mirar hacia adelante, hacia la sociedad que queremos construir y que, como casi todas en el mundo occidental al menos, encuentran su pilar más potente en ese principio que aún dibuja nuestro horizonte normativo: el principio de igualdad y no discriminación.

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Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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