Columna de opinión: Las expulsiones de estudiantes vulneran derechos humanos

Escrito el 17 mayo 2012

Por Lorena Fries Monleón, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 dieron pie a un importante consenso respecto a que el sistema educacional chileno es uno de los más segregados e inequitativos del mundo. Visibilizar esta situación fue el valioso aporte de los y las estudiantes, respecto de los cuales lamentablemente se han adoptado sanciones por su participación en dichas movilizaciones. Esta situación ha sido pública en el caso de la comuna de Providencia, pero también se ha dado en Puente Alto y Recoleta, Santiago, Copiapó, Valparaíso y Hualpén, involucrando a establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Tanto la cancelación de matrícula como la condicionalidad de estudiantes por participar en manifestaciones son medidas que resultan cuestionables y transgreden una serie de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La decisión de Alcaldes o de directores de liceo de expulsar a estudiantes por participar de tomas u otras acciones vinculadas al movimiento estudiantil constituye una medida desproporcionada que vulnera el derecho a la educación e infringe otros derechos humanos como el derecho a un debido proceso -en caso de imposición de sanciones-; a la libertad de expresión y el principio de igualdad. Así lo han determinado los tribunales superiores de justicia que, de manera mayoritaria, han acogido los recursos de protección presentados en favor de los y las expulsados/as.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado tres Amicus Curiae ante la Corte de Apelaciones en apoyo de sendos recursos de protección que han presentado los estudiantes, apoderados y organizaciones sociales por la expulsión de estudiantes en la comuna de Providencia, de los cuales al menos dos ya han sido acogidos y uno de ellos –el referente a las niñas y adolescentes del Liceo Tajamar- fue recientemente confirmado por la Corte Suprema. Así mismo, ha solicitado información a 187 municipios del país sobre la adopción de este tipo de sanciones que afectan a los y las estudiantes.

Frente a todas estas situaciones, el Estado tiene obligaciones ineludibles e indelegables en materia de protección de derechos y no puede justificar su no intervención apelando a la autonomía de los establecimientos educacionales. El marco normativo que rige al Ministerio de Educación establece atribuciones suficientes para que ejerza un rol de protección y regulación más activo en estas materias de manera de concretar su obligación de protección de derechos esenciales en el ámbito escolar, como es el debido proceso, la participación y el resguardo de los principios de no discriminación y del interés superior del Niño, dando una clara señal a los sostenedores y la comunidad escolar del compromiso con los derechos humanos, que la propia Ley General de Educación establece.

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Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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