Columna de opinión: ¿Se requiere una ley especial para enfrentar a los encapuchados?

Escrito el 19 mayo 2014

Por Lorena Fries Monleón, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Existen al menos tres riesgos al abordar el cómo enfrentar a las personas que, en contexto de manifestaciones sociales, cubren sus rostros. El primer peligro es asimilar de manera directa a una persona con el rostro cubierto con una persona que delinque. Muchas de las personas que causan desmanes en contexto de manifestaciones lo hacen a rostro cubierto, pero de ello no se puede desprender que toda persona con el rostro cubierto sea, por ese sólo hecho, susceptible de ser detenida. Un segundo riesgo es el reduccionismo jurídico y enfoque de seguridad, y no de derechos humanos, al abordar la temática. El país ha cambiado y el derecho a la manifestación pacífica hace parte hoy de los procesos de exigibilidad de nuestra democracia, Poner el foco de discusión en un elemento puntual, limitando una aproximación más integral de la temática, es un tercer elemento de riesgo.

¿Está el ordenamiento jurídico chileno ajustado a estándares internacionales en materia de manifestaciones públicas? No. En primer lugar, porque según lo dispuesto en la Constitución Política, la regulación del ejercicio del derecho a reunión queda relegada a lo que establezcan normas de carácter reglamentario -el decreto 1.086- y no a lo que se disponga en una ley.

Asimismo, por la existencia de leyes especiales y su aplicación en contexto de conflictos sociales propios de toda democracia (Ley 18.314, conocida como ley antiterrorista, Ley 12.927 sobre seguridad del Estado y la existencia del Código de Justicia Militar). Más grave aún, el marco normativo que regula el derecho a reunión en Chile tiene una ilegitimidad de origen en la medida que responde a un contexto de dictadura y no a lo que se requiere en una democracia moderna, esto es, que dicha normativa surja de un acuerdo o pacto político y social.

¿Se requiere una ley especial para enfrentar a los encapuchados que cometen delitos? Desde los estándares de derechos humanos, no cabe penalizar una circunstancia como la de tener el rostro cubierto o que ello pueda significar una pena más elevada.

La mera capucha no puede ser motivo de sanción, lo que debe sancionarse es a la persona que comete delitos, la que efectivamente puede o no estar encapuchada. Sancionar a las personas encapuchadas sólo por la sospecha de que puedan haber cometido un delito, constituiría un grave retroceso en materia de derechos humanos, volviendo al principio de la detención por sospecha.

Como Instituto Nacional de Derechos Humanos condenamos los actos delictivos y somos claros en sostener que dichas acciones no están amparadas en el derecho a reunión. Respecto a la necesidad de contar con una nueva legislación, es claro que ello no es necesario más allá del efecto político que pudiesen perseguir algunos de sus impulsores.

La actual regulación penal ya resuelve el tema, tanto en el Código Penal (Art. 496, Nº 5) como en el Código Procesal Penal (Art. 85). El desafío es que Carabineros realice un trabajo eficiente y eficaz, incorporando -a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos- mejoras en sus prácticas, de modo de separar a quienes cometen actos delictivos, encapuchados o no, de las personas que ejercen su legítimo derecho a manifestarse.

Lee aquí la respuesta del ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, publicada en la sección Frente a Frente del diario La Tercera, publicada el domingo 18 de mayo de 2014.

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Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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