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Comunicado de Comunidad Agrícola diaguita de los Huascoaltinos y Observatorio Ciudadano sobre fallo de Corte Suprema que revoca calificación ambiental del proyecto El Morro

Escrito el 8 octubre 2014

LOGO YASTAYLa Corte Suprema ha revocado la resolución que otorgaba calificación ambiental al proyecto minero El Morro en el territorio de propiedad ancestral y legal de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos.

Se restablece el estado de derecho. El máximo tribunal evidencia que la actuación de las autoridades estatales en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero El Morro, en particular de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y de la autoridad ambiental, es ilegal, porque ha suspendido la consulta indígena sin fundamentos, es decir de forma arbitraria, y lo que es más grave sin cautelar los derechos indígenas.

Así lo consigna el fallo en su considerando vigésimo sexto. No hay fundamentación, en cuanto a los hechos y al derecho, que alcance un estándar mínimo que permita a los/as interesados/as, es decir a los indígenas afectados, conocer las razones por las cuales no se justificaba la continuidad del proceso de consulta. No se cumple a su vez con la obligación que exige que las consultas se efectúen de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Se omite de este modo la exigencia impuesta al Estado por el Convenio 169 de consultar a los indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, especialmente antes de autorizar una prospección o explotación de minerales en sus territorios.

Celebramos la justicia de esta decisión que finalmente ordena: “Dejar sin efecto los Informes de Conadi contenidos en los Oficios N°00 y 564 de 2013 en los cuales la Corporación manifiesta su conformidad con el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto El Morro, y la Resolución de Calificación Ambiental N°232 de 22 de octubre de 2013 que califica favorablemente el mismo Estudio de Impacto Ambiental”.

Este fallo constituye un hito histórico para la protección de las tierras de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos y de los derechos de los miembros de esta organización indígena de base ancestral, constituida por 260 familias que han preservado estas tierras y su sistema de vida y costumbres desde tiempos inmemoriales hasta la fecha.

Hacemos un llamado a las autoridades a rectificar su política, a fin de evitar que actos arbitrarios e ilegales como los que han caracterizado su actuación en este caso se repitan y se comprometa a dar pleno cumplimiento a este fallo conforme a los estándares del Convenio 169, tal y como lo dispone la Corte Suprema. Esperamos que acorde a estos lineamientos el fallo que hoy celebramos constituya un precedente normativo para la actuación de los órganos del Estado frente a proyectos extractivos de recursos naturales en los territorios indígenas.

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