Contraloría desclasifica archivos de tortura de la Comisión Valech II

Escrito el 4 julio 2014
Fotografía gentileza de Luis Navarro Vega.

Fotografía gentileza de Luis Navarro Vega.

El dictamen del organismo responde a una solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos y permite que los documentos lleguen –por primera vez– a manos de jueces que trabajan en causas de DDHH. La información contiene nombres de torturadores, lugares y antecedentes que debían estar bajo secreto por 50 años.

Viviana Fernández tenía 14 años cuando la dictadura la golpeó. Era mediados de febrero de 1974 y los militares entraron con fuerza en la población Compañía de Gas, en Valparaíso, donde vivía con su familia. Se la llevaron a ella, a su hermana Morelia de 17 años y también a su mamá.

Viviana, que ahora tiene 53 años, estuvo cinco días en el cuartel Almirante Silva Palma y los recuerdos son un dedo impertinente que le apunta al corazón cada vez que vuelven. Viviana lidera, junto a otros adultos, la Agrupación de Ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura; y su caso fue calificado por la llamada Comisión Valech II.

Nombres de torturadores, lugares donde se cometieron vejámenes y violencia sexual contra mujeres. Las negras escenas de la dictadura que aún se escondían tras los papeles que quedaron guardados bajo llave. También el testimonio de Viviana es un ejemplo de toda esa información que implica el dolor de 9.795 chilenos torturados que permitió desclasificar la Contraloría a través de un dictamen

En una resolución del 10 de junio pasado, la Contraloría determinó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INHD) está autorizado para conocer los documentos vinculados a la Comisión Valech II, una de las instancias que sirvió para establecer la identidad de quienes sufrieron violencia política y tortura durante la dictadura. No sólo eso, también hacerlos llegar a la justicia en caso de que ésta los requiera.

Mario Carroza, magistrado que ha llevado adelante investigaciones como la muerte de Pablo Neruda, es uno de los nombres que había solicitado información en varias oportunidades al INDH, sin éxito. Para él, la liberación de los documentos de la Comisión Valech II es un paso importante. “La mayor parte de la información que uno puede obtener para el éxito de las diligencias se obtiene de las diferentes comisiones. Me imagino que con la Valech II puede ocurrir lo mismo que con la Rettig, sobre todo en cuanto a tortura. Creo que, de una u otra manera, se pueden conocer situaciones que ignoramos”, señaló a El Mostrador el magistrado.

La Comisión inició sus funciones el 17 de febrero de 2010. Recibió 622 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. También 31.831 solicitudes de calificación de personas que declararon haber sido víctimas de prisión política y tortura; todos, casos fechados entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.

El secreto

La respuesta de la Contraloría llega después que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitara un pronunciamiento para determinar si el organismo podía entregar la información que custodiaba a los jueces que la requerían y que correspondía a los antecedentes recabados en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y en la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Ambas conocidas, respectivamente, como Comisión Valech I y Comisión Valech II.

Lorena Fries, directora del INDH, señala que desde hace dos años, cuando el Instituto comenzó a ser el encargado de resguardar los documentos sobre los que pesaba un secreto de 50 años, que distintos jueces que investigan crímenes en dictadura les presentaron solicitudes para conocer la información. Por eso, ante la Contraloría, el INDH echó mano al “derecho a la verdad” que se ha articulado como noción en el sistema universal de protección a los Derechos Humanos.

Desde mediados de junio, apenas se conoció la resolución del organismo fiscalizador, la información comenzó a ser entregada a los jueces que habían presentado solicitudes.

Mario Carroza, magistrado que ha llevado adelante investigaciones como la muerte de Pablo Neruda, es uno de los nombres que había solicitado información en varias oportunidades al INDH, sin éxito. Para él, la liberación de los documentos de la Comisión Valech II es un paso importante.

“La mayor parte de la información que uno puede obtener para el éxito de las diligencias se obtiene de los diferentes comisiones. Me imagino que con la Valech II puede ocurrir lo mismo que con la Rettig, sobre todo en cuanto a tortura. Creo que, de una u otra manera, se pueden conocer situaciones que ignoramos”, señaló a El Mostrador el magistrado.

Viviana Fernández tenía 14 años cuando la dictadura la golpeó. Era mediados de febrero de 1974 y los militares entraron con fuerza en la población Compañía de Gas, en Valparaíso, donde vivía con su familia. Se la llevaron a ella, a su hermana Morelia de 17 años y también a su mamá. Es uno de los testimonios de tortura que logra desclasificar el dictamen de la Contraloría/ Fotografía: Álvaro de la Fuente.

Lorena Fries apunta a que quizás este sea el primer paso para conocer información que quedó guardada bajo llave: “Me parece que es un avance. Estamos empujando la posibilidad de que se haga una reforma en la ley que estableció el secreto de 50 años. Lo que queremos es que esta información sirva para avanzar en verdad, justicia y reparación”.

La resolución de Contraloría señala que “se configura una autorización legal en favor del INDH, que hace excepción a las reglas del secreto que rigen para los antecedentes aportados a cada una de estas comisiones, pero exclusivamente en cuanto lo habilita para conocer tal documentación, en el contexto de las labores de sistematización que en ese numeral se le encomiendan, con el objetivo de custodiar y guardar la información a que se refiere el inciso primero del mismo”.

A diferencia de la Comisión II, la llamada Comisión Valech I no consiguió el mismo criterio de la Contraloría para obtener la desclasificación. Esta instancia fue creada en 2003 por el Presidente Ricardo Lagos para sumar el abordaje de la tortura al trabajo que ya había hecho la Comisión Rettig, y se creó bajo una ley de quórum calificado, lo que descarta que este documento sea conocido a través de la Ley de Transparencia; a diferencia de la Comisión Valech II, que fue creada por decreto.

Leer noticia original publicada en El Mostrador el viernes 4 de julio de 2014.

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