Corte Interamericana dicta sentencia contra Estado de Chile por “demora excesiva” en caso de tortura durante la dictadura - INDH

Corte Interamericana dicta sentencia contra Estado de Chile por “demora excesiva” en caso de tortura durante la dictadura

Corte Interamericana dicta sentencia contra Estado de Chile por “demora excesiva” en caso de tortura durante la dictadura

Noviembre 4, 2013

CIDHEn el marco de las atribuciones que le otorga el derecho internacional de los derechos humanos, y que Chile reconoce, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia por “demora excesiva” del Estado en la investigación de un caso de torturas cometidas contra un ciudadano chileno durante la dictadura cívico militar (1973-1990).

De acuerdo con lo manifestado por la Corte, el Estado de Chile tardó más de 16 años en dar respuesta judicial al denunciante, en el caso denominado “García Lucero y otras v/s Chile”, luego de tomar conocimiento de los hechos en 1993 y dar inicio a las investigaciones sólo en octubre de 2011.

De acuerdo con la sentencia del organismo internacional de justicia en materia de derechos humanos -hecha pública el pasado 30 de octubre- “el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El documento precisa que “en consecuencia, la Corte concluyó que resultó excesiva la demora del Estado en iniciar la investigación. Al respecto, entre el conocimiento estatal de los hechos y el inicio del procedimiento el 7 de octubre de 2011, transcurrieron al menos 16 años, 10 meses y 7 días”.

Dado lo anterior, la sentencia de la Corte IDH exhorta al Estado a llevar a cabo las correspondientes medidas de reparación en el caso, las que consideran “continuar y concluir, dentro de un plazo razonable, la investigación de los hechos ocurridos entre el 16 de septiembre de 1973 y el 12 de junio de 1975, a partir del momento en que el Estado tomó conocimiento de los referidos hechos”, además de indemnizar por daño inmaterial y rendir un informe del estado de cumplimiento de dichas medidas ante la Corte, que a su vez supervisará el acato íntegro de lo dispuesto por la sentencia.

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