Declaración de comunidades de migrantes ante coyuntura electoral para reflexionar y aportar propuestas al debate sobre legislación y política migratoria en Chile - INDH

Declaración de comunidades de migrantes ante coyuntura electoral para reflexionar y aportar propuestas al debate sobre legislación y política migratoria en Chile

Declaración de comunidades de migrantes ante coyuntura electoral para reflexionar y aportar propuestas al debate sobre legislación y política migratoria en Chile

Octubre 21, 2013

MigrantesAnte la coyuntura electoral, las organizaciones de migrantes en Chile que suscribimos esta declaración manifestamos, en primer lugar, que entendemos nuestra actividad y la lucha por nuestros derechos como parte del desafío que una amplia mayoría social está dando por abrir paso a una nueva institucionalidad política y económica en este país, lo mismo que por instalar una nueva hegemonía cultural. Canalizar ese proceso y abrir espacios al protagonismo popular, es el desafío que les cabe a las fuerzas políticas que hoy disputan la adhesión ciudadana.

Nos sumamos a este Chile dispuesto avanzar resueltamente hacia una nueva Constitución, fruto real de la soberanía popular, a este país que pide un cambio del esquema neoliberal que ha venido concentrando los beneficios del crecimiento económico en una minoría y segregando a través del mercado el acceso a los derechos sociales, educación, salud, previsión social, trabajo, vivienda, entre otras garantías fundamentales.

Nos sumamos a este país que en definitiva desea un cambio cultural y una nueva convivencia, que permita aportar a todas las personas que lo habitamos nuestras diversas experiencias y potencialidades en la construcción de un futuro sendero común.

Los participantes de esta declaración, somos representantes de diversas Comunidades de Migrantes residentes en Chile. Hemos llegado a este país por situaciones diversas. Pero a todas y todos nos une el hecho de ser ciudadanas y ciudadanos en movimiento, que anhelamos tener una situación que nos permita vivir y desarrollarnos con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano chileno.

Como se sabe, en los últimos 20 años, el flujo migratorio en Chile ha sido creciente e inédito. Miles de ciudadanos provenientes de países latinoamericanos y caribeños han hecho de este país su hogar. No obstante, la población chilena emigrada sigue duplicando el número de sus inmigrantes.

La evolución del fenómeno inmigratorio ha significado pasar de cifras de alrededor de cien mil personas en 1992, a más de cuatrocientas mil en 2013, lo que ha supuesto grandes desafíos para la gestión del Estado, los gobiernos locales, las relaciones con los países de origen de la migración y las relaciones de convivencia en las comunidades a las que llegamos.

La población Migrante se ha asentado principalmente en las Regiones Metropolitana, Valparaíso, Tarapacá, Arica, Iquique, Parinacota, Antofagasta, Serena, Coquimbo, Concepción y el sur de Chile.

Esta migración, que es mayoritariamente femenina y de edad laboral, aporta al desarrollo integral de Chile. Constituimos el 4% de la fuerza de trabajo, y nos insertamos fundamentalmente en los servicios, la minería, la industria, la agricultura, la construcción, la salud, y la educación. Cualitativa y cuantitativamente el aporte de profesionales migrantes en la salud pública primaria es ampliamente conocido.

Nuestra situación actual como migrantes en Chile

Nuestras organizaciones y comunidades reconocemos los esfuerzos realizados por el Estado chileno, por avanzar en la modernización de la gestión migratoria y en el dictamen de normativas para mejorar nuestro acceso a diversos servicios públicos y evitar las más severas discriminaciones que sufrimos.

Pero también debemos decir con claridad que en Chile no existe un verdadero reconocimiento de nuestros derechos, como correspondería que ocurra en un país que ratificó en 2005 la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Parte importante de esta situación se funda en que la normativa migratoria de Chile está aún regida por el Decreto Ley sobre Extranjería de 1975, a pesar de sus reformas o instructivos posteriores. Por lo que la situación para una persona migrante en Chile hoy es de vulnerabilidad y restricción de derechos, más que de plena acogida e inserción.

La actual normativa -a consecuencia principalmente de los tipos de visa que establece- dificulta el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, restringiéndonos la inclusión en el país y denotando problemas como la irregularidad migratoria y el aparecimiento de grupos vulnerados y al margen de la institucionalidad jurídica, política, laboral y de los programas sociales que ofrece el Estado. Por otro lado, el amplio espacio que concede a la discrecionalidad funcionaria da paso a prácticas arbitrarias y discriminatorias en el otorgamiento de visas y permisos de residencia.

A pesar de existir instructivos de los diferentes ministerios y reparticiones públicas, tendientes a regular la situación de los migrantes en el ámbito social, los problemas que enfrentamos son muy complejos.

En educación, los niños y niñas migrantes se encuentran con trabas para validar sus estudios en el país, situación que se ve agravada por el desconocimiento que tienen los funcionarios públicos sobre las normativas. Lo mismo sucede en la educación superior o técnico profesional, donde carecemos de mecanismos expeditos de convalidación de títulos. Nos preocupa asimismo que no se incorpore un enfoque intercultural en el currículum y en los programas de educación básica y media.

En el ámbito laboral, los mayores abusos y malas prácticas están correlacionadas con la existencia de la Visa Sujeta a Contrato, que nos obliga a depender durante dos años del mismo contratante a riesgo de perder la visa si cambiamos de empleo, o a perder nuestros fondos previsionales en caso de regresar a nuestro país y no ser profesionales o técnicos, independientemente de los convenios establecidos entre los gobiernos.

La persistencia de esta legislación que genera una población migrante en situación de irregularidad, en el ámbito del trabajo y de la seguridad social se traduce en mano de obra barata y desprotegida de derechos, con la que no se cumple lo que el Código del Trabajo establece. Esto es, salarios por debajo del mínimo legal, irregularidad en el pago de cotizaciones previsionales, jornadas excesivas y condiciones perjudiciales en el trabajo. Todo lo que se agrava por la indefensión jurídica en que nos encontramos, ya que la persona migrante teme acudir a las Inspecciones y autoridades del trabajo, por miedo a ser detenida y deportada.

En materia de seguridad social, nos encontramos con que los convenios establecidos internacionalmente no permiten resolver el traspaso y acumulación de los fondos en un solo país a los trabajadores que no son profesionales o técnicos. Siendo necesaria una modificación del instructivo que rige el uso de fondos previsionales y que toma como base la Ley 18.156 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprobada en 1982.

En el ámbito de la salud, existe desconocimiento de las normativas e instrucciones explícitas que se han dictado para regular la atención de personas migrantes, por lo que el servicio que entregan los funcionarios queda a la voluntad y criterio personal, siendo los más afectados con esta situación son las niñas y niños migrantes.

La falta de vivienda digna, es una de las realidades más graves que experimentamos. El hecho de estar en situación de irregularidad migratoria da como resultado que cientos de familias vivamos hacinadas y, ante la falta de contratos de arriendos, quedamos sin un medio legal que nos proteja.

La actual legislación no considera ni garantiza de manera expresa el principio de reunificación familiar establecido en el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. A partir de 2010 se han endurecido los criterios para sancionar infracciones o faltas migratorias y para negar el ingreso de extranjeros a Chile. En estas decisiones, no se toma en cuenta el principio de reunificación familiar.

En el caso de niñas y niños migrantes nacidos en Chile cuyos padres se encuentren en situación irregular, se ha entendido que son hijos de extranjeros transeúntes, interpretación que atropella la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, ya que da lugar a la existencia de niños apátridas, condición que violenta su derecho a tener una nacionalidad, negándoseles además su acceso a las políticas públicas de protección que tiene el Estado para ellos. Urge entonces que Chile suscriba y ratifique la Convención sobre el

Estatuto de los Apátridas

Más allá de la reciente dictación de la Ley de Medidas contra la Discriminación, constatamos que para superar los prejuicios, la intolerancia, el racismo y la xenofobia respecto de la población extranjera, en sectores de la sociedad chilena, incluidos los medios de comunicación y organismos públicos, son necesarias políticas públicas que permitan la superación de los mitos, estereotipos y prejuicios que están detrás de estas conductas y la valoración de la multiculturalidad como fuente de enriquecimiento de la sociedad chilena.

A pesar de la existencia de la Ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas, nos preocupa el aumento considerable que ha experimentado en los últimos años este flagelo, convirtiéndose en una amenaza que se cierne sobre todo en mujeres y niños migrantes.

Nuestras propuestas para avanzar hacia una nueva legislación y política migratoria

a) Chile debe avanzar hacia una Política Migratoria con enfoque de Derechos Humanos, centrado en la integración y promoción de una cultura de acogida e integración, que incorpore el aporte de la migración en el desarrollo del país en todos sus ámbitos. Para generar tal articulación, es necesaria una Secretaría Nacional de Migraciones como organismo interinstitucional.

b) La legislación migratoria que reclamamos debe partir por reconocer que las y los migrantes somos personas Sujetas de Derecho, lo cual implica concebirnos como el centro de las políticas públicas migratorias.

Reafirmamos que los Derechos Humanos son la base de la política migratoria, por lo tanto se debe considerar, profundizar y promover el respeto de los principios y obligaciones consagrados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, sin discriminación de ningún tipo, a fin de garantizar el ejercicio de la libre movilidad de las personas.

Se debe legislar garantizando los derechos y restringiendo al mínimo la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios públicos en el reconocimiento de los mismos.

c) Demandamos el reconocimiento de los derechos políticos de los migrantes, mediante el ejercicio a la participación política y electoral, y al derecho tanto a elegir como a ser elegidos.

En concreto, la reforma del artículo 14 de la Constitución, para hacerlo consistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Chile.

d) Generar a nivel educativo y cultural espacios que promuevan el reconocimiento y consideración de los aportes de las personas migrantes al desarrollo nacional en todos los ámbitos; y el rechazo a la discriminación, la xenofobia y el racismo. Desarrollar programas de formación específica en funcionarios de frontera y de servicios públicos para la atención de migrantes.

e) Apoyar el fortalecimiento de la asociatividad de los migrantes y su participación en las diversas instancias del Estado vinculadas al desarrollo social y cultural, promoviendo su vinculación con las organizaciones de la sociedad civil local como una forma de impulsar las políticas de inserción e integración plenas.

f) Reconocemos que los Municipios constituyen los espacios primordiales en donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Por tanto, se debe involucrar a estas entidades en los procesos de inserción e integración, otorgándoles herramientas para que recojan y monitoreen la realidad migratoria de la comuna y diseñen políticas municipales que la contemplen como variable relevante y sean efectivamente una puerta de entrada desde el Estado a los procesos de integración de esta población junto a la población nacional, además de contar con instancias de atención, información y orientación al Migrante.

g) Reconocer que la migración forma parte sustantiva de los procesos de integración, razón por la cual proponemos la inmediata aprobación y ratificación por parte del Congreso de Chile del Acuerdo de Residencia del Mercosur y Países Asociados, promoviendo su ampliación a las y los ciudadanos en movimiento de toda América Latina y el Caribe.

h) La acción integral y concertada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, debe ser una preocupación y prioridad en la gestión y gobernanza de las migraciones. Reclamamos una acción concertada con los países vecinos y de los que proceden las personas víctimas de estos delitos para enfrentarlos con eficacia.

i) Acoger a las personas refugiadas, con anterioridad a la dictación de la actual Ley de Refugio, a la protección internacional que les es debida.

j) El actual Gobierno envió recientemente al Congreso un Proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería para modificar la norma vigente. Chile necesita con urgencia una reforma en esta materia, pues la norma actual es la más anacrónica del continente, pero advertimos que la actual propuesta es esencialmente regresiva por su enfoque utilitario de la migración. Por lo que proponemos su retiro y reemplazo por otro proyecto de Ley Migratoria, consecuente con los principios y criterios que hemos expuesto y con los tratados internacionales que Chile ha ratificado.

k) En el intertanto del proceso para la promulgación de esta nueva Ley de Migración, instamos a las autoridades a decretar un nuevo Proceso de Regularización Migratoria, que se extienda por un período mínimo de 8 meses, y que cubra a quienes hayan migrado a Chile hasta 3 meses antes de la convocatoria al proceso de regularización.

  • ONG Observatorio Sudamericano “Olas”
  • Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y del Caribe, APILA
  • Secretaria Ciudadana Migrantes
  • Colectivo Ecuatoriano por la Ciudadanía
  • Comité Esperanza y Solidaridad
  • Comunidad Miguel Grau
  • Comité Santiago Unido
  • Consejo de Uruguayos en Chile
  • Organización Sociocultural Haitiana en Chile
  • Comunidad Integración Latinoamericana
  • Fundación para el Desarrollo de la Población Afrocolombiana
  • Comunidad Dominicana en Chile, CODOMCHI
  • Red Social Migrante Entreculturas
  • Comité de Refugiados Peruanos