Declaración pública de las organizaciones de refugiados en una nueva conmemoración del Día Mundial de los Refugiados/as - INDH

Declaración pública de las organizaciones de refugiados en una nueva conmemoración del Día Mundial de los Refugiados/as

Declaración pública de las organizaciones de refugiados en una nueva conmemoración del Día Mundial de los Refugiados/as

Junio 20, 2013

En este 20 de Junio, fecha que se ha establecido como “Día Mundial de los Refugiados”, consideramos imprescindible y urgente manifestarnos a través de la presente declaración, que recoge nuestros testimonios, reflexiones y propuestas, en relación a la real situación que como refugiados vivimos en Chile.

Partiendo por reconocer y agradecer la generosa solidaridad del pueblo chileno, que es invaluable e imposible de retribuir, no podemos menos que reiterar que nos sentimos parte de este hermoso país, somos parte de su pueblo y con gusto asumimos ser protagonistas de su historia, de su presente y los desafíos que importa.

Sin perjuicio de lo anterior, encontramos a continuación que existe un abismo entre por un lado el lema: “Chile país de acogida”, y por la realidad marcada con la discriminación institucional que nos considera y trata como personas de segunda categoría, abdicando el Estado a su primario compromiso de darnos la Protección Debida, de respetar en toda circunstancia el principio de “No Devolución” y de procurar soluciones duraderas en la esfera de garantizar el acceso a los derechos fundamentales que ello implica.

Como refugiados, es decir, personas que tuvimos que allegarnos en Chile forzados a fin de resguardar nuestra integridad y libertad personales, ante la persecución generada en los conflictos que se han dado en nuestros países, es que desde el Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de la DDHH, particularmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, así como otras normas que soberanamente ha asumido el Estado de Chile, nos corresponde la tutela debida. Protección que debiera concordar con el discurso y compromiso asumido.

La Ley 20.430, dada en el tránsito entre el actual Gobierno y su predecesor, no ha implicado un favorable cambio en la situación que vivimos los refugiados en el país. Reforzada negativamente esta Ley, por un Reglamento, el D.S. 837, que es inconstitucional por modificar la propia ley que dice reglamentar, deja en limbo a los refugiados reconocidos antes de dicha Ley, al señalar que sólo reconoce como tales a los que se refiere esta ley y no dispone normas transitorias para dejar sin duda el reconocimiento a los que fueron admitidos por las leyes anteriores. Pese a reconocer el derecho a solicitar el reconocimiento como refugiado, no genera los mecanismos que tutelen dicho derecho. Hoy son múltiples las denuncias de que no se reconoce el derecho a pedir refugio en frontera, la suerte de los que se acercan ante el Departamento de Extranjería a fin de presentar su solicitud de reconocimiento ha quedado en manos de funcionarios, que sin tener autoridad y mostrando poca preparación, resuelven de plano las solicitudes, simplemente negando admitirlas a trámite. Se ha establecido un siniestro mecanismo de preselección, período en el que se desconoce a la persona que pide el refugio todo derecho, siendo esa etapa la de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se impone a los solicitantes de reconocimiento la obligatoriedad de documentar sus solicitudes, como si fuera ello factible, sin tener un mínimo de criterio respecto a las precarias condiciones en que uno llega al país. Durante el trámite de reconocimiento no se permite la intervención de los solicitantes, se les niega el derecho a ser asesorados o asistidos, a tener la información suficiente de como impugnar las resoluciones. Asimismo, hemos sido testigos de interrogatorios indebidos, inclusive a menores de edad solos, eso además del acoso sicológico y presiones indebidas, tanto a los solicitantes como a sus familiares y la persistente insistencia de los funcionarios para desalentar a los solicitantes o procurar que desistan de requerir su reconocimiento. Se ha negado deliberadamente el reconocimiento, durante el 2012, según las declaraciones de una funcionaria del DEM a estudiantes de la U. ARCIS, no se habría reconocido a ninguna persona como refugiado, sumando que hay solicitantes de refugio que aún esperan por más de tres años para ser reconocidos como refugiados y el Estado no le responde. A lo anterior se suma el criterio de no reconocer el carácter especial de la situación de los ciudadanos haitianos y cubanos que llegan a Chile, la que los hace, a nuestro juicio, merecedores del reconocimiento como refugiados y de que al menos les corresponde un tratamiento especial en función al sustento humanitario su situación.

En cuanto al tratamiento de los refugiados por parte del Estado, pese inclusive a la igualdad de trato respecto a los demás extranjeros y al reconocimiento de los derechos que les asisten en acceder a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, ya sea en condición de trabajador dependiente o por cuenta propia; la realidad es otra. Existe en primer lugar un trato distinto entre refugiados en función de su nacionalidad, los programas de reasentamiento devienen además de su fracaso en burla ante la indiferencia de los refugiados ya residentes y la desatención a sus necesidades. En relación a la vivienda, por ejemplo, la exigencia de los 5 años de permanencia definitiva importa la exclusión del derecho a subsidio a un número muy alto de refugiados. En cuanto a la salud, la precaria atención como beneficiarios de FONASA nivel “A”, que inclusive es limitada, ya que algunos refugiados quedan excluidos de esta, no sirve para atender los reales y graves problemas de salud que como víctimas de la tortura o por la vulnerabilidad de su situación tienen los refugiados. Ello con la agravante que pese a no dar atención a los casos más graves, tampoco se favorece el reasentamiento en estos casos ya que el discurso internacional sustentado lo hace inviable. Como extranjeros nos encontramos alienados de los derechos de los nacionales, así entre otras cosas no tenemos los medios o posibilidades de acceso a las becas o créditos de estudio.

Especial preocupación, en el contexto de que se insiste en la incriminación de la migración, particularmente con el Proyecto de Ley sobre Extranjería recién presentado, así como las detenciones y procedimientos de extradición de refugiados en países vecinos, además de las declaraciones xenofóbicas de algunos políticos, el problema fundamental de que no existe una garantía plena del principio de no devolución. La expulsión de 2 solicitantes de refugio, ocurrida un poco antes de la entrada en vigor de la nueva Ley, la detención de 1 refugiado peruano en Argentina, la mutilación de un refugiado colombiano y las amenazas a otros nos ponen en alerta por el fundamental problema de seguridad. A lo que se suma la débil actuación de la oficina del ACNUR, la falta de intervención y escaso conocimiento de otras instituciones de la sociedad civil que recién empiezan a conocer acerca de la situación de los refugiados e inmigrantes en el país. Es sumamente preocupante las declaraciones de las autoridades peruanas que dicen tener información acerca de los refugiados de ese país dadas por las autoridades chilenas, o el manejo de información que tiene la legación diplomática colombiana respecto a los refugiados de ese país residentes en Chile, o las encuestas requeridas por el Ministerio del Interior encargada a terceros y que viola la confidencialidad que es indispensable para la protección.

Lo señalado no amilana nuestro deseo de seguir aportando al valioso patrimonio cultural de este país, hoy se valora en todos los lugares lo más bello que se pone el paisaje cuando se recrea con nuevos colores, nosotros venimos aportar los nuestros, traemos nuestros ritmos y sabores, proponemos la fusión de otros nuevos y creemos que ello ha recrear la vida, la hermosura, la riqueza de esta tierra, tesoro en el sustenta su glorioso devenir.

Por todo lo anterior consideramos perentorio que:

1.- Se procure una real separación de la situación y reconocimiento de los refugiados respecto de los temas migratorios y la institucionalidad de extranjería, siendo necesario que funcione una Secretaría Técnica real, conformada o encargada a personas que profesionalmente estén capacitadas para atender desde el conocimiento y manejo de la compleja situación internacional que determina la migración de los refugiados pueda cumplir con su deber de asistir a la Comisión de Reconocimiento y procurar la asistencia a los refugiados y sus familias.

2.- El Estado, asumiendo su responsabilidad, debe disponer de los medios de los fondos públicos suficientes para el desarrollo de programas y proyectos de sensibilización, capacitación, educación en derechos de las personas refugiadas para desarrollar tanto con autoridades, como con la sociedad civil y medios de comunicación. A la vez que impulsar programas reales de inserción y procurar soluciones duraderas y en todo caso garantizar los derechos fundamentales de los refugiados así como atender los casos de gravedad y urgencia, siendo que si carece de los medios para los mismos requerir solidaridad para estos reconociendo honestamente sus limitaciones. Lo anterior supone erradicar el trato diferente entre los refugiados, entre los refugiados y los demás extranjeros y avanzar decididamente en equiparar los derechos de los refugiados con los nacionales, reconociendo en los primeros la vulnerabilidad inclusive que justifica programas especiales o incorporación a los programas de asistencia que se da a las personas que fueron víctimas de la violación de los DDHH.

3.- Especialmente corresponde que se garantice en forma plena los principios y normas que son la esencia de la institución del refugio, partiendo por el principio de no devolución, la confidencialidad, así como otros derechos esenciales tales como el debido proceso, en particular respetando las garantías mínimas de protección de la integridad física y psicológica del solicitante, lo que importa revisar el procedimiento de solicitud de reconocimiento, reconociendo plenamente el derecho a solicitarlo, erradicando los rechazos en frontera y por funcionarios de extranjería y policía que no tienen autoridad alguna, así como todo rechazo y tratamiento arbitraria, ilegal y abusivo.

Corresponde a nuestro juicio, partiendo de nuestra responsabilidad de fortalecer nuestra participación, reforzando nuestras organizaciones e integración con otros grupos de refugiados, requerir que se establezcan mecanismos de real participación ciudadana en el tema de los refugiados e inmigrantes, ello tanto en aplicación de las leyes de participando que están vigentes, como en aplicación de los deberes y responsabilidades de instituciones como el ACNUR. En particular insistimos en que el mandato del Alto Comisionado importa la defensa de la institución de refugio y la garantizar la protección individual de los refugiados que ven amenazada su situación.

Todo lo anterior importa sumar voluntades, voluntades resultantes de un reconocimiento de una institución fundamental del Derecho Humanitario que se torna cada vez más relevante a nivel mundial y que en particular es un reto para Chile, confiamos en la voluntad del pueblo chileno y en sus principios y valores, los que garantizarán se asuma la responsabilidad política, jurídica, social e histórica para con los refugiados.

Asociación de Exiliados Peruanos en Chile

Organización de Refugiados Colombianos en Chile

Comité de Refugiados Peruanos en Chile