Dictan sentencia por querella de INDH por trata de personas para fines de explotación laboral de niño ecuatoriano - INDH

Dictan sentencia por querella de INDH por trata de personas para fines de explotación laboral de niño ecuatoriano

By Diciembre 5, 2016Noticias INDH

Dictan sentencia por querella de INDH por trata de personas para fines de explotación laboral de niño ecuatoriano

Diciembre 5, 2016

trabajo-infantil-destacadaEn procedimiento abreviado se sentenció a dos ciudadanos ecuatorianos a cumplir la pena sustitutiva de   libertad vigilada intensiva durante  cinco  años, como autores del delito de Trata de Personas con fines de trabajos o servicios forzados, previsto y sancionado del Código Penal, consumado y perpetrado en la comuna de Santiago desde el 2012 al 2014. La víctima, el niño LJPQ de nacionalidad ecuatoriana, recibirá al cumplir 18 años, la suma de 5 millones dejada en depósito por los condenados, como resarcimiento a los daños ocasionados.

El niño de trece años de edad fue ingresado a Chile en 2012 como turista por los ciudadanos ecuatorianos hoy condenados, Luis Alberto Maldonado Santa Cruz y María Rosa Córdova Farinango, quienes le prometieron trabajo de vendedor ambulante, actividad por la cual sería remunerado y cuya paga sería enviada a sus padres -ambos sordomudos-, quienes lo habrían autorizado a viajar.

Según la sentencia, la jornada de trabajo del niño se extendía aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, sin ningún día de descanso en la semana. Durante ella la víctima debía preparar el desayuno para todos los ocupantes de la casa, limpiar los utensilios, para luego salir con un bolso cargado de prendas de vestir y dirigirse a distintas localidades próximas a Santiago a fin de venderlas en forma ambulante. Al término de la jornada diaria, debía entregar la totalidad del dinero de las ventas a los ahora adultos condenados.

Entre 5 de agosto de 2012 hasta el 15 julio de 2014,  los condenados nunca le pagaron  remuneración alguna a la víctima, indicándole que en dos ocasiones le habían enviado dicho dinero a sus padres que se encontraban en Ecuador y que el resto de su sueldo le sería pagado una vez que trabajara tres años para ellos, sin que a la fecha haya recibido remuneración alguna, dice la sentencia.

El fallo dice que en el período señalado los documentos personales de la víctima, tales como la cédula de identidad ecuatoriana y la autorización otorgada por sus padres, fueron  retenidos por los hoy condenados,  no accediendo a entregarlos al afectado.

El niño ecuatoriano LJPQ permaneció en Chile en situación migratoria irregular, sin que los condenados  hayan efectuado ninguna gestión destinada a regularizarla ni tampoco para obtener cédula de identidad para extranjeros; con lo que impidieron a la víctima acceder al sistema educacional y al sistema de Salud, pública o privada.

El INDH ha establecido en sus Informes Anuales que Chile se ha convertido gradualmente en un país de origen, tránsito y destino de trata de hombres, mujeres, niñas y niños con fines específicos de explotación sexual y trabajo forzado y ha recomendado al Estado que trabaje en la prevención, investigación y sanción de estos delitos y  garantice  que las víctimas de trata accedan a programas de salud física y sicológica.

En abril de 2011 se aprobó en Chile la ley 25.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal, endureciendo las penas para quienes incurran en este delito. En el marco de esta legislación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado más de una decena de querellas, una de éstas es la interpuesta en 2014 por trata de personas en perjuicio de este niño ecuatoriano. Esta es la sexta condena a los responsables de ilícitos de esta naturaleza, los que deberán cumplir con las penas establecidas en las leyes.

Además de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por cinco años, los condenados Luis Alberto Maldonado Santacruz y María Rosa Córdova Farinango deberán cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y residir en un lugar determinado, propuesto por el condenado; estar  sujetos a la vigilancia y orientación permanente de un delegado; ejercer  una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio; y tienen prohibición de acercarse a la víctima.

La acción judicial presentada por el INDH en 2014, fue realizada en el marco de su mandato legal de promoción y defensa de los derechos humanos en Chile.