Examen de Chile ante ONU: los principales avances y desafíos pendientes del Estado en derechos humanos

Escrito el 27 enero 2014

ConsejoONU2Este martes 28 de enero, el Estado de Chile presentará sus niveles de cumplimiento en materia de derechos humanos frente a representaciones de otros Estados miembros de las Naciones Unidas, en el marco de la Examen Periódico Universal (EPU), que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza.

En este contexto, resulta pertinente revisar los principales avances y desafíos del país, en relación a las recomendaciones realizadas por la ONU en el último EPU (primero en la historia de Chile), rendido en 2009.

En ese año, Chile aceptó las recomendaciones que se le realizaron, respecto de institucionalidad y derechos humanos, lo que fueron respondidas con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y con la presentación de un proyecto de ley para la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos. Quedando en deuda en cuanto a la creación del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y la puesta en marcha de un plan gubernamental de derechos fundamentales.

Entre los avances en igualdad y no discriminación, destaca la promulgación de la Ley que establece medidas contra la discriminación, creada como reacción al asesinato del joven homosexual Daniel Zamudio. En contraste, el país queda al debe en igualdad de género, representación política, y derechos sexuales y reproductivos, tema en que el país rechazó las indicaciones sobre políticas reproductivas y despenalización del aborto.

Lorena Fries, Directora del INDH, piensa que “uno de los aspectos positivos que va a mostrar el Estado es la creación del Instituto como órgano autónomo, que ha representado a los distintos poderes la situación deficitaria y los pasos a avanzar en esta materia. Se insistirá además, en temas pendientes, como los que tienen que ver con el fuero militar para juzgar a carabineros por violencia innecesaria contra civiles”.

La ley Antiterrorista está bajo la lupa, aunque en este periodo se aprobó la ley 20.519, en virtud de la cual no se aplicará esta ley a personas menores de 18 años. Además, la situación del pueblo mapuche también será revisada, en particular la aplicación del Convenio 169 de la OIT, su derecho a la propiedad y posesión a las tierras, territorios y recursos naturales, la eliminación de todo acto discriminatorio en contra de los pueblos indígenas, y su reconocimiento constitucional.

La violencia policial es otro de los temas en los cuales el país se encuentra bajo observación. Se han presentado denuncias de abuso sexual policial contra adolescentes en el contexto de manifestaciones sociales, como también contra niños, niñas y mujeres indígenas durante allanamientos policiales en zonas rurales y territorios indígenas, donde la fuerza ha sido utilizada sin criterios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad. Lo anterior se encuentra relacionado al tema de la justicia militar, desde la perspectiva “de la falta de rendición de cuentas y de la impunidad respecto de los actos que cometen funcionarios de las fuerzas armadas y de las policías”, expresa Fries.

En cuanto a migración, destaca como avance que el Estado modificó los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas (Ley 20.507) ampliando el delito no solo a la explotación sexual, sino también a trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud y extracción de órganos. No obstante, en este sentido, asoma como deuda del Estado la elaboración e implementación de una política pública respecto de la trata de personas que contemple, entre otras cuestiones, el acceso a la salud, permiso de residencia y educación para las víctimas.

Destaca en materia de memoria, verdad, justicia y reparación, la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, lo que se ve contrastado con el hecho de que aún no se deroga el decreto Ley de Amnistía, creado en dictadura.

Finalmente, Chile aún registra una deuda en relación a la renovación del sistema penitenciario, en específico el hacinamiento carcelario. En este sentido, es necesario que el Poder Ejecutivo concentre sus políticas criminales y penitenciarias en orden a racionalizar la pena privativa de libertad, mejorar las condiciones carcelarias e implementar una política eficaz en materia de reinserción social, dotada de los recursos necesarios”, según consigna un informe sobre el EPU elaborado por el INDH.

INDH en Youtube

Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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