Examen ONU: Chile se compromete en materia de derechos humanos ante comunidad internacional

Escrito el 19 junio 2014
Fuente foto: ONU

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Este jueves 19 de junio, el Estado de Chile presentó su respuesta a las 185 recomendaciones realizadas por 84 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). 

Lo anterior, en el contexto de que Chile rindió el 28 de enero pasado –por segunda vez en su historia- el EPU, la prueba más importante en materia de derechos humanos a la que son sometidos los Estados parte de la ONU, donde son evaluados por sus pares.  Según indica el informe presentado por Chile, el Estado “ha resuelto aceptar un total de 180 recomendaciones dado que comparte sus propósitos”. Cinco recomendaciones no fueron aceptadas.

En este marco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -en su mandato legal de promoción y defensa de los derechos fundamentales en Chile- participó del EPU entregando un informe sobre su opinión del estado de avance de las recomendaciones planteadas al país en el anterior examen (2009). También participaron Amnistía Internacional y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se cuentan la Corporación Humanas, el Movilh y Corporación Opción.

En su intervención, Lorena Fries valoró la voluntad política del Estado al aceptar la mayoría de las recomendaciones realizadas y lo alentó a su concreción en el próximo período, detallando los aspectos que deben ser prioritarios, entre los que están las reformas a la justicia militar, el fortalecimiento de la institucionalidad de derechos humanos, el respeto al derecho a la manifestación y la no discriminación, entre otros.

“Se requiere superar el débil reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra Constitución  y lograr su adecuada protección judicial”, dijo la Directora del INDH, quien remarcó la importancia de la comunidad internacional y de un Estado consolidado que no tema escuchar a la sociedad civil, para el cumplimiento de los derechos humanos.

De cara al próximo EPU, a realizarse en cuatro años más, el INDH realizará seguimiento al Estado para consignar tanto los avances como los pendientes en la materia. En este sentido, al finalizar la sesión, Lorena Fries señaló que, junto al INDH, las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales tienen el rol de monitorear, denunciar y colaborar con la agenda en materia de derechos humanos.

Recomendaciones aceptadas

En enero pasado se le recomendó al país –entre otras medidas- impulsar políticas que abran el debate sobre el aborto, para revisar y modificar la legislación que lo penaliza. En este sentido, Chile respondió que el actual programa de Gobierno contempla la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres causales: peligro de la vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. Sin embargo, no considera la interrupción voluntaria a todo evento. Asimismo, contempla la generación de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de las personas, que involucra, entre otras cosas, educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

El Consejo ONU recomendó también a Chile fijar una fecha para la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, ante lo cual el Estado respondió que “el Gobierno de Chile otorga prioridad a su ratificación, sin embargo, no puede comprometer una fecha cierta porque se requiere, previamente, la finalización del trámite constitucional de aprobación parlamentaria”.

Otras de las recomendaciones planteadas a Chile, en materia de discriminación, tienen que ver con  la adecuación de la legislación nacional al derecho internacional de los derechos humanos ante la cual el país expuso que este hecho constituye una preocupación permanente. Por lo que se encuentra a la espera de una evaluación de la Ley Antidiscriminación que actualmente está en su primera fase de implementación.

Chile también se comprometió a velar por la promoción y respeto de todos los derechos humanos de los indígenas, entre otras cosas, cuidando que la aplicación de la Ley Antiterrorista no menoscabe los derechos humanos de los indígenas ni de ninguna persona. Por su parte, la Justicia Militar fue objeto de recomendaciones que Chile adoptó, comprometiéndose a reformarla para excluir a los civiles de su jurisdicción y limitarla al conocimiento de delitos de función militar.

Respecto de la recomendación referida a la revisión de las normas que establecen la confidencialidad por 50 años de los antecedentes, testimonios y documentos aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Chile respondió que ésta “es sólo una de las medidas que se contemplan en el actual Programa de Gobierno para contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica. Esta revisión, en cualquier caso, exigirá un proceso de discusión y análisis que incluirá a las víctimas como actores fundamentales, titulares de la información contenida en dichos documentos”.

Recomendaciones rechazadas

Entre las recomendaciones rechazadas por Chile, se encuentran la realizada por el Vaticano, la cual plantea el respeto de los derechos de la persona humana que desde el momento de la concepción hasta la muerte natural.

Fueron contrariadas también la sugerencias relativas a la protección de la identidad de la familia entre un hombre y una mujer, pues según el informe del Estado, “el ordenamiento jurídico chileno otorga protección a una diversidad de tipos de familia, a saber, monoparentales, biparentales, incluida la conformada por un hombre y una mujer”.

Finalmente, Chile rechazó también la recomendación hecha por Bolivia, respecto del que el país debe velar por el respeto de los derechos humanos de los bolivianos que van y regresan del territorio chileno, ante lo cual el país respondió que “la normativa migratoria chilena se encuentra conforme al derecho internacional vigente, por lo que la aplicación de estas normas no responde a criterios discriminatorios por nacionalidad”.

 

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