Por Lorena Fries Monleón, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Las movilizaciones estudiantiles de 2011 dieron pie a un importante consenso respecto a que el sistema educacional chileno es uno de los más segregados e inequitativos del mundo. Visibilizar esta situación fue el valioso aporte de los y las estudiantes, respecto de los cuales lamentablemente se han adoptado sanciones por su participación en dichas movilizaciones. Esta situación ha sido pública en el caso de la comuna de Providencia, pero también se ha dado en Puente Alto y Recoleta, Santiago, Copiapó, Valparaíso y Hualpén, involucrando a establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Tanto la cancelación de matrícula como la condicionalidad de estudiantes por participar en manifestaciones son medidas que resultan cuestionables y transgreden una serie de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La decisión de Alcaldes o de directores de liceo de expulsar a estudiantes por participar de tomas u otras acciones vinculadas al movimiento estudiantil constituye una medida desproporcionada que vulnera el derecho a la educación e infringe otros derechos humanos como el derecho a un debido proceso -en caso de imposición de sanciones-; a la libertad de expresión y el principio de igualdad. Así lo han determinado los tribunales superiores de justicia que, de manera mayoritaria, han acogido los recursos de protección presentados en favor de los y las expulsados/as.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado tres Amicus Curiae ante la Corte de Apelaciones en apoyo de sendos recursos de protección que han presentado los estudiantes, apoderados y organizaciones sociales por la expulsión de estudiantes en la comuna de Providencia, de los cuales al menos dos ya han sido acogidos y uno de ellos –el referente a las niñas y adolescentes del Liceo Tajamar- fue recientemente confirmado por la Corte Suprema. Así mismo, ha solicitado información a 187 municipios del país sobre la adopción de este tipo de sanciones que afectan a los y las estudiantes.

Frente a todas estas situaciones, el Estado tiene obligaciones ineludibles e indelegables en materia de protección de derechos y no puede justificar su no intervención apelando a la autonomía de los establecimientos educacionales. El marco normativo que rige al Ministerio de Educación establece atribuciones suficientes para que ejerza un rol de protección y regulación más activo en estas materias de manera de concretar su obligación de protección de derechos esenciales en el ámbito escolar, como es el debido proceso, la participación y el resguardo de los principios de no discriminación y del interés superior del Niño, dando una clara señal a los sostenedores y la comunidad escolar del compromiso con los derechos humanos, que la propia Ley General de Educación establece.

Actualmente, en este día no sólo se conmemora este importante hito en materia de respeto a la dignidad humana, sino que además, hoy se reconoce a otras diversidades sexuales como son la población transgénero, bisexual y transexual.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) valora la celebración de esta fecha. Su Directora, Lorena Fries señaló a propósito de esta conmemoración que, “el Día Contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia tiene una especial connotación a partir de este año en Chile debido a la mayor conciencia de la ciudadanía sobre la violencia que conlleva toda discriminación y que se expresó en el asesinato de Daniel Zamudio, cuestión que llevó a la consecuente aprobación de la Ley Antidiscriminación. En este sentido, esperamos que este avance sea una medida efectiva para incentivar la igualdad y el respeto entre todas las personas, independiente de su orientación sexual o identidad de género”.

Feria por las Diversidades

La Directora del INDH participará como panelista en el foro “No + discriminación sexual en Chile”, en el marco de la Primera Feria por las Diversidades, organizada por la Universidad ARCIS y el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS).

El foro tendrá lugar hoy a las 19.30 horas en la Sala Jorge Muller de la casa de estudios, ubicada en Libertad 53, metro Unión Latinoamericana.

Fuente foto: Apoderate.cl

La Corte Suprema confirmó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el pasado 4 de abril, y que ordenó el “reintegro inmediato” al establecimiento, de las siete alumnas del Liceo Tajamar que sufrieron la cancelación de sus matrículas tras participar en la toma del recinto, en el marco de las movilizaciones estudiantiles de 2011.

La medida que afectó a las jóvenes, fue adoptada por decisión de la directora del Liceo -Sara Infante Barros- junto al alcalde de la comuna  y presidente del Directorio de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, Cristián Labbé.

Ante el caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un Amicus Curiae -a través del que un tercero, justificadamente interesado en la resolución del litigio, se hace parte en el mismo- por considerar que se vulneraron derechos constitucionales de las adolescentes.

La Directora del INDH, Lorena Fries, expresó que la decisión del Máximo Tribunal “resulta muy relevante, toda vez que demuestra que la decisión de cancelar la matrícula a las alumnas, constituyó un acto abusivo e ilegal, que esperamos no se repita en el país”. Lorena Fries agregó que “el INDH confía en que esta ratificación pueda ser un indicador para otros casos similares”.

La resolución de la Corte Suprema marca un hecho inédito este 2012, al ser la primera sentencia que va en beneficio de quienes han sido afectados/as por este tipo de hechos.

Lorena Fries -Directora del INDH- durante la presentación del recurso de protección en favor de la población de Aysén

La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó este martes un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 21 de marzo pasado en contra de Carabineros, por su actuación en las movilizaciones sociales de marzo y abril pasados en Aysén.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique reconoció que se registraron varios lesionados en ambos bandos y pidió que Carabineros revise los protocolos internos de actuación policial, “considerando que el mantenimiento del orden público consiste en velar por el derecho de las personas a ejercer sus derechos y libertades legales sin infringir los derechos de otros, al mismo tiempo que debe ser garante de que todas las partes respeten la ley”.

No obstante el rechazo del recurso, el texto hizo un llamado a “los responsables de mantener el orden público y la seguridad pública, a revisar los protocolos internos existentes durante el desempeño de la labor policial”.

El fallo añade que “las medidas para el restablecimiento del orden, deben ser compatibles con los derechos humanos y el régimen democrático; por tanto, el empleo de la fuerza únicamente puede ser considerada como la última medida posible y sólo cuando sea estrictamente necesaria y para los fines lícitos de cumplimiento de la ley, la que además debe ser racional y proporcional a los objetivos lícitos de aplicación de la misma”.

Finalmente, la sentencia establece que el mal uso de las medidas para restablecer el orden público “puede perfectamente convertir a los encargados de mantener el orden y la seguridad, precisamente en vulneradores de los derechos que deben mantener y defender, no debiendo obviarse, jamás, que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a todas las personas por su condición de seres humanos y deben ser respetados en todo tiempo y en todo lugar”, concluye.

Respecto al fallo, la Directora del INDH, Lorena Fries, señaló que “si bien respetamos la resolución de la Corte, haremos uso del derecho que nos asiste a apelar de la misma”. A la vez, la personera del INDH valoró que la Corte planteara que los hechos ocurridos deben mover a Carabineros a revisar sus protocolos de actuación en manifestaciones públicas en conformidad a una noción de orden coherente con el pleno respeto de los derechos fundamentales.

Al respecto, la CIDH considera esta decisión como un paso fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos del pasado. El derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que toda persona tiene derecho a conocer la verdad. En el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, acceder a la verdad de lo ocurrido constituye una forma de reparación.

La Comisión Interamericana se pone a disposición de las autoridades de Brasil y de la Comisión de la Verdad recientemente formada a fin de colaborar, dentro del marco de sus funciones, con esta importante iniciativa.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La iniciativa, impulsada por la institución policial en colaboración con Cruz Roja, Unicef y el INDH, busca incorporar en el proceso formativo del personal policial, las nociones de conocimiento, respeto y garantías en relación a los derechos humanos en los procedimientos que competen a la institución.

En este sentido, temas como el uso de la fuerza, procedimientos de retención e inmovilización ante actos que atenten contra el orden público y otros, son abordados desde la perspectiva de derechos humanos, según los tratados internacionales vigentes y el derecho internacional humanitario.

El enfoque formativo aborda el trato con mujeres, niñas y niños, jóvenes y refugiados. El importante rol que juega el INDH en este trabajo colaborativo, se relaciona con dar cuenta de los deberes que tiene el Estado de Chile en materia de derechos humanos, así como los alcances de los tratados internacionales en esta materia. 

En la foto, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, junto al representante en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio Molpeceres.

En el marco de una reunión protocolar de presentación institucional, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, sostuvo un encuentro con el representante en Chile del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Antonio Molpeceres. En la oportunidad, ambas autoridades dialogaron sobre diversos ámbitos de colaboración interinstitucional.

En la reunión participaron, además, representando a la ONU, Marcela Ríos, oficial del Programa de Gobernabilidad y Alejandro Mañón, oficial de Coordinación Interagencial. De este modo, se establecieron acciones de cooperación destinadas, principalmente, a apoyar la promoción y defensa de los derechos humanos en Chile, la cooperación en campañas de incidencia, y el intercambio de información y trabajos con indicadores de derechos humanos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de desarrollo establecida por la ONU para proporcionar los conocimientos, las experiencias y los recursos necesarios para ayudar a los países a forjar una vida mejor. Presente en 166 naciones, en donde vive el 90 por ciento de las y los habitantes más pobres del mundo, el PNUD trabaja con ellos y ellas para ayudarlos/as a encontrar sus propias soluciones ante los retos mundiales y nacionales que impone el desarrollo.

Participantes del curso en 2011, discuten en trabajos de grupos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su mandato de promoción y defensa de las garantías fundamentales de las personas en Chile, abre la convocatoria para el Diplomado Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 2012. En convenio con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Ministerio de Justicia de Chile, el INDH presenta este postítulo orientado a agentes del Estado y funcionarios públicos.

Este Diplomado constituye una de las iniciativas académicas en Educación en Derechos Humanos, más importante que se esté realizando en Chile. La vasta experiencia y conocimientos en los temas materia del curso; el reconocimiento nacional e internacional con que cuenta el cuerpo académico del Centro de Derechos Humanos, que tiene a cargo la implementación de este postítulo, y el respaldo de las instituciones patrocinantes, asegura su calidad y solidez formativa.

El Instituto ha abierto esta convocatoria a los servicios y entidades del país que la conforman, destinando 24 cupos y dando prioridad en su invitación a aquellos que tienen especial vinculación con la promoción y protección de los derechos humanos. Junto a lo anterior, considerando el interés expresado por las instituciones públicas participantes de la versión 2011, así como por entidades de la sociedad civil, el INDH ha destinado 10 cupos a quienes deseen postular y participar en forma personal. Para quienes así deseen hacerlo, se considera un costo parcial que corresponde a $500.000.

Las postulaciones de las personas interesadas deberán realizarse mediante el formulario de postulación personal disponible para descarga AQUÍ. En caso de dudas, por favor escribir al correo diplomadoenderechoshumanos@indh.cl

Para más información:

• Descargar convocatoria Diplomado

• Descargar formulario de postulación

• Descargar programa Diplomado INDH 2012

Fuente foto: Yuri Cortéz - AFP.

“Los asesinatos y amenazas repetidamente sufridos por defensores/as de derechos y periodistas en México deben detenerse inmediatamente,” instó un grupo de cuatro expertos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamando al Gobierno a avanzar en la promulgación rápida y aplicación efectiva de la ‘Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’.

Destacando la inmediatez de las amenazas que enfrentan defensores y periodistas, los expertos también instaron al Gobierno a aplicar los mecanismos de protección existentes como un asunto urgente, a fin de evitar más ataques y pérdidas de vidas, y de complementar las nuevas disposiciones cuando entren en vigor.

El proyecto de ley, que ha sido aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores/as de los derechos humanos y periodistas mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en riesgo, así como para prevenir que tales riesgos surjan en el futuro.

“Los defensores de derechos humanos en México necesitan desesperadamente la protección efectiva del Estado ahora”, dijo Margaret Sekaggya, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. “Siguen sufriendo asesinatos, ataques, hostigamiento, amenazas, estigmatización y otras violaciones graves de derechos humanos”, concluyó la personera de la ONU.

Consuelo Saavedra comparte su visión sobre los derechos humanos y el INDH.