INDH querellante: Corte Suprema determina incompetencia de justicia militar en caso de apremios ilegítimos contra indigente por parte de Carabineros

Escrito el 22 mayo 2014

El Tribunal de alzada se pronunció este lunes respecto a la competencia de la justicia militar y la ordinaria en el caso de Juan Berríos Urra, un indigente de La Legua que fue sometido a una serie de vejámenes por parte de funcionarios de la comisaría de San Joaquín, durante rondas efectuadas por estos en la vía pública.

Amenazas verbales y con armas de fuego, aprehensiones ilegales y burlas son algunos de los apremios que sufrió este hombre, al que incluso amenazaron con asesinarlo y hacerlo desaparecer.

La Segunda Sala de la Corte Suprema -compuesta por los Ministros Milton Juica, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemuller y el abogado integrante Luis Bates- determinó que el caso debe continuar su tramitación en el Décimo Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, y no en los juzgados militares.

Con tres votos a favor y dos votos en contra -de los Ministros Dolmetsch y Ballesteros-, la Corte argumentó que “no puede considerarse que la sola circunstancia de encontrarse carabineros en servicio activo o en cumplimiento de un desempeño rutinario de ronda policial permita asumir que los delitos que cometan en esas circunstancias se efectuaron con ocasión del servicio militar, ya que ello implica trasladar impropiamente a la judicatura especial un hecho común apartado totalmente de las funciones que atañen al aludido servicio militar, y que son de conocimiento de la justicia ordinaria”.

El Tribunal también argumenta que los derechos de la víctima, Juan Berríos, tendrán un mayor reconocimiento en la justicia ordinaria. “Principalmente la posibilidad de ejercer la acción penal, derecho consagrado a nivel constitucional”, dice el fallo.

Lorena Fríes, Directora del INDH, valoró la decisión de la Corte. “Desde la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en 2010, venimos señalado a la autoridad que debe dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y limitar la justicia militar, tal como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.

Chile fue condenado en 2005 por el caso Palamara. La resolución de la CIDH obliga al Estado a adecuar el ordenamiento jurídico internos a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar. “En caso de que el Estado considere la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”, estableció la Corte, obligando a establecer límites a la competencia material y personal de los tribunales militares en un plazo razonable.

El caso de Juan Berríos Urra ha sido investigado por la Fiscalía Militar -que tomó la causa de oficio-, y por el Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago –que actuó en razón de las querellas interpuestas por el INDH, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público-. Esto generó una contienda de competencia entre ambos tribunales, la que terminó con el pronunciamiento de la Corte Suprema.

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Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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