ONGs llaman a parlamentarios a rechazar el llamado proyecto de “ley Hinzpeter” - INDH

ONGs llaman a parlamentarios a rechazar el llamado proyecto de “ley Hinzpeter”

ONGs llaman a parlamentarios a rechazar el llamado proyecto de “ley Hinzpeter”

Julio 18, 2012

Este miércoles se discute en la comisión el proyecto de Ley “que Fortalece el Resguardo del Orden Público” enviado por el Ministerio del Interior y que busca sancionar con penas de cárcel garantías constitucionales y tratados internacionales suscritos por Chile.

La Asociación Chilena de ONG, ACCION, que agrupa a más de 60 organizaciones, considera que la aprobación de esta ley atentaría gravemente contra las libertades públicas, aumentaría la represión e impediría en la práctica las manifestaciones callejeras.

“Consideramos que de aprobarse este proyecto de ley podría conculcar gravemente los derechos de reunión y libertad de expresión, lo que podría incluso constituir infracciones a los compromisos internacionales que en materia de Derechos Humanos tiene el Estado de Chile y a los derechos y libertades políticas reconocidas en la Constitución”, señalaron.

ACCIÓN argumenta que a través de esta iniciativa legal existe la intención de expandir el derecho penal para criminalizar la protesta social más allá de lo que una sociedad democrática puede tolerar, otorgando a priori un carácter violento a formas de acción que muchas veces corresponden a prácticas de libertad de expresión y opinión.

“Creemos que penas de entre 541 días hasta tres años de cárcel por invadir u ocupar ilícitamente inmuebles educacionales, religiosos, de oficinas e industriales, entre otros, impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos en calles y caminos o interrumpir los servicios públicos, son simplemente una forma de criminalizar la legítima protesta social”, explican.

Alejandra Arriaza, Secretaria Ejecutiva de Codepu, organización asociada a Acción, hace un llamado a los parlamentarios “a rechazar este proyecto de ley, el que bajo el argumento de fortalecer el orden público, solo pretende atentar contra la libertad de expresión, el derecho a reunión y el derecho a manifestación, derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Su espíritu antidemocrático y represivo queda en evidencia, colocándonos en una situación de retroceso en materia de derechos humanos, lo que nos parece inaceptable”.