Relatora Especial ONU y CIDH condenan asesinato de Berta Cáceres en Honduras

Escrito el 7 marzo 2016

cidh-onuLa Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron enérgicamente el asesinato en Honduras de la defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y dirigenta de la comunidad lenca de Río Blanco.

Victoria Tauli-Corpuz sostuvo que “Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de activistas indígenas asesinados por defender sus derechos humanos”, añadiendo que “Ya es hora de que las naciones del mundo hagan que los perpetradores comparezcan ante la justicia y protejan a los activistas indígenas que protestan pacíficamente el saqueo de sus tierras y sus recursos”.

La Relatora ONU señaló también que “Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores/as. Que éste sea el último asesinato de un/a defensor/a de derechos humanos y activista indígena que ocurra en Honduras,” instó la experta.

El asesinato de Cáceres se produjo esta semana a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección debido al aumento de las amenazas de muerte que había recibido durante varios años por su labor de denuncia de violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En tanto la CIDH expresó su consternación y preocupación por el hecho de que este asesinato haya tenido lugar, a pesar de las medidas cautelares otorgadas a su favor y después de la última reunión de trabajo, que tuvo lugar en la sede de la CIDH el 21 de octubre. En efecto, en dicha reunión la CIDH llamó la atención a la delegación del Estado sobre la situación de riesgo de Berta Cáceres y sobre las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor.

La Comisión reiteró que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión recordó asimismo que la labor de los defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y en la consolidación del Estado de Derecho.

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