Senado despacha aporte único reparatorio para víctimas de prisión política y tortura

Escrito el 20 octubre 2015

SenadoUn aporte único por un millón de pesos para víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado, es uno de los principales aspectos que considera el proyecto de ley que fue despachado tanto en general como en particular por el Senado.

La iniciativa que quedó en condiciones de ser remitida para su proceso de promulgación, tiene por objetivo hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990.

Entre los principales aspectos que contempla el proyecto, se dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de un millón de pesos a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.

El proyecto establece además que el aporte constituye un anticipo del monto único y total que se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

La medida reparatoria que será de cargo fiscal y cuyo pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota, es sólo una de los acuerdos resultantes de la mesa interinstitucional de negociación para resolver las demandas de los/as ex presos/ políticos, que este año protagonizaron una huelga de hambre que se extendió durante 40 días para exigir respuestas a sus requerimientos.

INDH en Youtube

Conoce más detalles sobre la misión de observación que actualmente el INDH se encuentra realizando en centros el SENAME, para recoger información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conocer sus condiciones de vida, y para establecer un sistema de alerta temprana para prevenir violaciones de derechos.

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