El Día Internacional por el Derecho a la Verdad en Violaciones Graves de los Derechos Humanos, se conmemora por primera vez este 2012, y su objetivo es claro: establecer que “las víctimas de las violaciones graves a sus derechos fundamentales y sus familiares tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores”.
Esta importante fecha se celebra en recuerdo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un activo promotor y defensor de los derechos humanos en El Salvador, quien fue asesinado hace exactamente treinta y un años, mientras oficiaba misa en una iglesia. La intención era evidente: silenciar a un fervoroso opositor de la represión en ese país.
Según el Informe Situación de los Derechos Humanos en Chile 2011 –elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “en Chile el reconocimiento oficial de los hechos y crímenes cometidos durante la dictadura ha sido gradual y constante en el tiempo: la Comisión Rettig, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, la Mesa de Diálogo, la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, constituyen los ejes de dicho proceso”.
Junto a lo anterior, el Informe del INDH consigna que la cifra oficial de víctimas de prisión política y tortura –según las comisiones de verdad y reparación- alcanza el total de 38.254 personas.
El derecho a la verdad ha quedado consagrado expresamente en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. También reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes nacionales, la jurisprudencia y las resoluciones de órganos intergubernamentales.
