Los acusados fueron formalizados por el Ministerio Público y solicitó la extradición desde Perú y Bolivia de quienes se encuentren en esos países.
Los integrantes del grupo delictivo se dedicaban a captar migrantes, especialmente dominicanos, a quienes engañaban con ofrecimientos de visa y trabajo en Chile a cambio de importantes sumas de dinero y extorsionándolos; en tanto a las mujeres las agredían, en ocasiones con fines sexuales.
El modus operandi consistía en ingresar clandestinamente a las personas al país por pasos no habilitados en las fronteras con Bolivia y Perú, incluso haciéndolos atravesar campos minados.