Carta al director de Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicada en El Mercurio en respuesta a la editorial del diario publicada el 17 de marzo de 2016 (Ver aquí).
Señor Director:
“La violación a los DD.HH. no es parte del trabajo de Carabineros”, señaló el general director de Carabineros en un comunicado. Comparto plenamente lo dicho, pero lamentablemente en la práctica ocurren situaciones que se apartan de los deberes institucionales y afectan los derechos de las personas, y esa es una de las razones por las que se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Su editorial de ayer señala que es “innegable el escalamiento de los roces entre Carabineros y el INDH, al grado de judicializarse”. Lo que es innegable es que la situación de violencia en el sur ha aumentado y que demanda un mayor esfuerzo de Carabineros para brindar seguridad a todos y todas. También es innegable que ante situaciones de vulneración de DD.HH. tenemos la obligación de acudir a los tribunales, los que tienen la última palabra respecto de si se ha afectado algún derecho o garantía constitucional.
También se sostiene que Carabineros “ha desmentido consistentemente los cargos del INDH”. Frente a esta afirmación, quisiera recordar que desmentir significa demostrar una falsedad o equivocación. Pues bien, en reiteradas oportunidades los tribunales han establecido como verdad jurídica los abusos cometidos por funcionarios de Carabineros. Desde 2011 en adelante distintas Cortes de Apelaciones han acogido 15 recursos de amparo y protección presentados por el INDH por abusos policiales, los que han sido ratificados por la Corte Suprema, instando a la policía uniformada a erradicar estas prácticas. En cuanto a las querellas por torturas, el escenario es más complejo, ya que varias de las presentadas por el INDH han terminado en la Justicia Militar, ampliamente cuestionada por organismos internacionales. Aun así en dos oportunidades la justicia ha dictado sentencias condenatorias contra funcionarios de Carabineros.
La temática que su editorial destaca está lejos de ser la única que aborda nuestro instituto, que también desarrolla importantes funciones de promoción, difusión y educación. Pero en cualquier país donde exista una entidad autónoma que vele por los derechos humanos, el foco estará puesto en aquellas instituciones dotadas del monopolio del uso de la fuerza.
El INDH es una institución autónoma del Estado. No puede dejarse llevar por sesgos de ningún tipo y por ello su órgano superior es colectivo. El cuestionamiento al control preventivo de identidad, así como la judicialización de eventuales actos de tortura, son todas decisiones adoptadas en el Consejo del INDH, que, como usted sabe, es plural.
Termino diciendo que comparto con su editorial que la labor del INDH puede generar molestia y tensión respecto de aquellos cuyo actuar observamos. Sin embargo, es nuestra obligación legal y también el compromiso con que hemos asumido n
