Caso Rodrigo Avilés: a dos años de presidio remitido por violencia innecesaria fue condenado ex carabinero

Caso Rodrigo Avilés: a dos años de presidio remitido por violencia innecesaria fue condenado ex carabinero

Marzo 12, 2019

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a la pena remitida de dos años de presidio con firma mensual, al ex carabinero M.N.P. como autor del delito de violencia innecesaria y lesiones graves contra el estudiante, Rodrigo Avilés, quien fue impactado por un chorro de un carro lanza aguas de Carabineros durante una manifestación ocurrida del 21 de mayo de 2015, lo que produjo que se golpeara fuertemente la cabeza, dejándolo con graves heridas, un TEC cerrado, y en un estado de salud bastante crítico.

El estado en que quedó Avilés derivó en que los médicos tratantes lo indujeran en un coma, practicándole varias operaciones debido a descompensaciones que se produjeron en el marco de su grave estado de salud.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) formuló una acusación particular por los delitos de homicidio frustrado con resultado de lesiones graves, a través de la que solicitó una pena de 15 años cárcel, lo que fue desestimado por la justicia.

Por su parte, el Ministerio Público lo acusó por el delito de lesiones graves, solicitando una pena de 540 días. En tanto, la familia Avilés formuló una acusación por el delito de violencia innecesaria, requiriendo una pena de 10 años.

La verdad judicial establecida en este proceso demuestra que los hechos ocurrieron como el INDH los acreditó en su querella de agosto de 2015, es decir que la actuación de Carabineros  no se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; y que el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, especialmente de la fuerza letal, en este caso a través de cañones de agua, pueden generar graves violaciones respecto de quienes ejercen el legítimo derecho de protesta pacífica.

Cabe valorar los hechos pudieron discutirse en un juicio oral, instancia que permitió que se rindieran públicamente pruebas y testimonios adicionales a la investigación fiscal, con participación de todos los actores, asegurando acceso a la justicia a las víctimas y un debido proceso al condenado.