El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) lamenta los hechos ocurridos en el Penal de Comayagua, Honduras, donde según cifras preliminares cerca de 375 personas privadas de libertad murieron calcinados por las llamas de un voraz incendio, cuyas causas es imperativo determinar. El CENIDH expresa su solidaridad a los familiares de las víctimas y demanda de las autoridades hondureñas una investigación exhaustiva del caso y la adopción de medidas urgentes que eviten tragedias similares en otros centros penitenciarios del país.
No es la primera vez que situaciones similares han ocurrido en Honduras. Es lamentable que el Estado hondureño no haya atendido las diversas recomendaciones que instancias internacionales de derechos humanos le han formulado en diferentes oportunidades.
Ante esta terrible tragedia, el CENIDH señala con preocupación la situación que viven las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de toda la región centroamericana las que son muy precarias y así lo hemos planteado las organizaciones de derechos humanos ante organismos internacionales que vigilan la situación de las personas privadas de libertad.
Esta preocupación no es nueva, durante su 94 periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, realizado en Ginebra, Suiza en el año 2008, manifestó al Estado de Nicaragua, su preocupación por la información recibida sobre insuficientes inspecciones a los sistemas penitenciarios y las dificultades de acceso por parte de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, labor que en Nicaragua es obstaculizada por el gobierno desde hace tres años, lo cual impide que realicemos inspecciones para constatar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad y hacer recomendaciones que contribuyan a evitar tragedias como la ocurrida en la vecina Honduras.
Por ello, el CENIDH hace un llamado al gobierno de Nicaragua para que implemente la recomendación del Comité contra la Tortura en concordancia con lo dispuesto en el art 2 de la Convención que obliga a los Estados a garantizar un sistema efectivo de inspección que incluye permitir a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos constatar las condiciones de detención y el trato que reciben las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país.
Managua, 16 febrero del 2012
