Por Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El “Acuerdo de Escazú”, en boga en los últimos días, es un tratado de derechos humanos adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018 y negociado por los estados y la sociedad civil, incluido el Estado chileno, líder del proceso.
El acuerdo tiene por objeto plantearse contra la desigualdad y la discriminación, garantizando los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo soste-nible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Es pionero en materia de protección ambiental, pues plantea el bienestar de la persona como principio, protegiendo a comunidades y defensores de los derechos medioambientales a través de una serie de disposiciones.
Consagra, además, los derechos al acceso a la información ambiental; la obligación de los estados de contar con registros de emisiones y de transferencia de contaminantes; y la obligación de garantizar la participación de las comunidades, de manera significativa y temprana, en las diferentes instancias de los procesos de tomas de decisiones ambientales.
En materia de acceso a la justicia, el acuerdo busca asegurar que todas las personas puedan recurrir a ella en el caso de una denegación en asuntos ambientales, lo que es muy relevante al asegurar una exigibilidad de derechos.
Este tratado se abrió para la firma y ratificación de los estados el pasado jueves 27 de septiembre en la sede de la ONU, instancia en la que participó personalmente el Presidente Sebastián Piñera. No obstante, el gobierno informó su decisión de postergar su firma, a pesar de la crisis socioambiental que enfrenta la zona de sacrificio Quintero y Puchuncaví.
Dicha decisión es lamentable y causa preocupación, puesto que, como lo muestra la realidad de nuestro país, no estamos ajenos a violaciones al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido una creciente labor en estas materias, como lo demuestran la reciente actualización del Mapa de Conflictos Medioambientales, la realización de una misión de observación en la zonas de sacrificio de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, y la presentación de recursos de protección en varias zonas del país por vulneraciones al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Es por todo esto que es de esperar que el Ejecutivo revierta su decisión y firme el acuerdo, para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente, asegurando a las comunidades la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.
Columna de opinión publicada en el diario La Tercera el miércoles 3 de octubre de 2018
