Por Lorena Fries Monleón, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Los debates televisivos y toda instancia que permita conocer las propuestas de quienes aspiran a cargos públicos de elección popular, constituyen un aporte fundamental a la democracia y al ejercicio del derecho a un voto informado. Desde una perspectiva de derechos humanos, debe garantizarse la participación e inclusión de la diversidad social en estas instancias.
Resulta cuestionable y lamentable que los primeros debates de ambos pactos no hayan contado, como en otras instancias de interés público, con traducción al lenguaje de señas, mecanismo fundamental de comunicación para un grupo importante de personas con discapacidad auditiva, y sólo se haya dispuesto del sistema closed caption.
Estas exigencias se desprenden de las obligaciones que el Estado se ha impuesto cumplir, al ratificar estándares internacionales en materia de igualdad y no discriminación, accesibilidad y ejercicio pleno de derechos por parte de las personas con discapacidad, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo de 2008.
Al aporte de los medios de prensa y comunicación a la libertad de expresión e información -así como a la profundización de la democracia- mediante los mecanismos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, debe sumarse el enfoque de derechos humanos. Es una labor por la que deben velar el Estado, los medios de comunicación y quienes aspiran a cargos de representación y la sociedad toda.
