Columna de opinión UDP sobre Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos

By Diciembre 27, 2011Noticias INDH

Columna de opinión UDP sobre Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos

Diciembre 27, 2011

Alberto Coddou & Jorge Contesse del Centro de Derechos Humanos UDP enviaron la siguiente misiva –la cual no fue publicada- a la sección Cartas al Director de El Mercurio, en respuesta a la columna realizada por académicos del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en que criticaron el informe “Situación de los Derechos Humanos en Chile 2011”.

Los profesores Ignacio Covarrubias, Julio Alvear y Sergio Verdugo han comentado el informe 2011 del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Critican que este “se refiere a la promoción de algunos derechos humanos, omitiendo la protección respecto de otros”. De estos últimos, destacan el “indiscutido” derecho a la vida del que está por nacer, y los “derechos humanos de propiedad, de libre circulación y de no diferenciación arbitraria de aquellos que han padecido intransigencia emanada de ciertos grupos que se han amparado en el derecho de reunión o manifestación pública”.

Respecto del primero, la Constitución se limita a establecer un deber al legislador de proteger la vida del no nacido, lo cual es diferente a sostener que hay un derecho de este de carácter indiscutido. Los tratados internacionales que Chile ha suscrito libremente tampoco clausuran la discusión, por lo cual hay un equívoco en la afirmación de nuestros colegas. Nuestro ordenamiento jurídico contempla múltiples “medidas de resguardo para que la mujer embarazada lleve a buen término su embarazo”, pero (casi) ninguna medida disponible para resguardar los derechos reproductivos de la mujer. Un informe sobre la situación de los derechos humanos debe preocuparse, antes que todo, por los déficits que hay en las políticas del Estado.

Respecto de la propiedad como derecho humano, es importante decir que su reconocimiento como tal parece un eslogan vacío si implica únicamente un límite a la autoridad, en circunstancias que sus límites, contornos y tensiones deben ser definidos por la propia autoridad a la que sirven de límite. La propiedad está protegida por nuestro ordenamiento, que contempla múltiples vías de impugnación o protección (a nivel civil, criminal, constitucional, etc.) contra actos que atenten contra ella. En la Constitución, no hay derecho que reciba más atención que este. Lo que requiere reflexión, sin embargo, y a lo que apunta el informe mencionado, es el problema político de definir las maneras de resolver los conflictos entre diversos derechos humanos, y entre estos y otros intereses públicos. El debate en torno a la difusa precisión del concepto de orden público, por ejemplo, como límite a la libertad de reunión apunta justamente a ello.

Otra de las premisas sobre las cuales descansa la crítica de los profesores es que el “informe promueve algunas pretensiones que, aunque legítimas, discutiblemente cabe calificarlas como derechos humanos”. Entre estas, señalan “la adopción de medidas de acción afirmativa” y el pretendido carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales. De entrada, cabe señalar que del hecho que sean pocos los Estados que adopten una determinada política no se sigue que ella sea normativamente inapropiada. En cuanto al criticado carácter ‘justiciable’ de los derechos sociales, es importante advertir dos cosas: primero, que el Estado se obliga a respetar y promover todos los derechos, sin que resulte lícito al intérprete distinguir algunos que merecen más protección que otros; segundo, que en el informe se señala que la justiciabilidad no debe reducirse al establecimiento de recursos judiciales, sino también a la posibilidad de acciones administrativas a través de las cuales se pueda exigir del Estado la prestación de ciertos contenidos mínimos. A ello, debemos agregar, como es obvio, la acción del legislador.