Señor director:

El crimen de Sophía no puede quedar impune y el Estado tiene obligaciones reforzadas de investigar y sancionar por tratarse de una niña víctima de abusos sexuales. A raíz de esto, algunos señalan que debiera establecerse la pena de muerte. Cabe recordar que fue derogada para los delitos comunes en 2001 y que solo permanece en el Código de Justicia Militar para delitos que pueden ser cometidos en tiempos de guerra.

Establecer la pena de muerte para nuevos delitos no es posible pues entraríamos en colisión con los tratados de derechos humanos que Chile ha suscrito y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos. Como señala la Corte Interamericana, “si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos para los cuales no estaba prevista anteriormente”. Pero además de no poder establecerla para nuevos delitos, hay otras razones de peso para no hacerlo. No se ha demostrado que disuada de cometer crímenes violentos. Al revés, en países como Canadá incluso disminuyeron tras su derogación. También se ha visto que es discriminatoria pues en los países donde se sigue aplicando, se utiliza contra personas pobres y pertenecientes a minorías raciales. A lo anterior se agrega que constituye un acto irreversible, por lo cual podría aplicarse a una persona inocente sin que exista alguna posibilidad de enmendar el error judicial.

La pena de muerte viola los derechos humanos; tanto el derecho a la vida como el derecho a no sufrir torturas. La venganza no puede ser el camino para un Estado democrático de Derecho. No podemos responder a la violencia con más violencia, sino adoptar las medidas para avanzar en una cultura respetuosa de los derechos de todas las personas.

Rodrigo Bustos Bottai

Jefe Unidad Jurídica Judicial Instituto Nacional de Derechos Humanos