Consejera del INDH planteó un análisis crítico sobre los avances y desafíos que tiene el Estado de Chile con la población trans. La normativa abordada se publicó en diciembre de 2018.
En Arica la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Constanza Valdés intervino en el conversatorio “Experiencia Regional en la Implementación de la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género”. El encuentro lo preparó la sede de Arica y Parinacota del INDH y contó con la asistencia de autoridades regionales.
El seminario se realizó en el marco de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también a cinco años de la entrega en vigencia de la ley 21.120. La reunión también contó con la colaboración de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad de Tarapacá. Más de 80 personas se dieron cita para escuchar a las expositoras.
Consejera del INDH
La consejera Valdés expuso sobre la historia y los principios que promueve la ley de Identidad de Género. Realizó un análisis crítico de avances y desafíos que tiene el Estado de Chile con la población trans. Es importante consignar que esta normativa se publicó el 10 de diciembre de 2018, que corresponde al Día de los Derechos Humanos.
Expusieron en el encuentro representantes de la Universidad de Tarapacá, la Superintendencia de Educación, Gendarmería y el Registro Civil. Todos ellos dieron cuenta de las experiencias de implementación de la ley, las barreras que tuvieron que sortear y los desafíos pendientes. Además, profundizaron acerca de las acciones de sensibilización desarrolladas por sus equipos de trabajo.
Seremis asistentes
El conversatorio lo moderó la representante de la Corporación Transforma Scarleth Fernández, quien además, es funcionaria de la Oficina de DDHH de la Municipalidad de Arica.
Entre las autoridades asistentes se encontraban los y las seremi de Educación, Francisco Valcarce; Trabajo, Jennifer Lazo; y de Mujer y Equidad de Género, Camila Roberts. Además, concurrieron directoras y directores de los servicios públicos, personal de Salud, SENDA, Reinserción Social, Seguridad Pública, Carabineros, Marina y establecimientos educacionales, organizaciones de la sociedad civil.