Coordinadora del Quinto Estudio de Cárceles del INDH: “Se mantienen los problemas, o no se reparan las falencias, salvo en casos muy puntuales”

Coordinadora del Quinto Estudio de Cárceles del INDH: “Se mantienen los problemas, o no se reparan las falencias, salvo en casos muy puntuales”

1 Febrero, 2022

Daniela Lara, de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH, sostiene que la sobrepoblación de las prisiones no sólo las deja expuestas a una falta de gobernanza, sino también a la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos.

El Quinto Estudio sobre Condiciones Carcelarias 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mostró la difícil situación que diariamente enfrentan los reclusos en el país. Alrededor de un tercio de ellos se encuentra ahí esperando una definición en su caso, que puede tardar meses en llegar. Así lo plantea Daniela Lara, coordinadora de Condiciones Carcelarias de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del INDH y quien estuvo a cargo de este estudio, que involucró el trabajo de cinco sedes regionales. Aquí aborda algunos de los puntos más reveladores.

– ¿Cómo se efectuó la recopilación de los datos para el estudio?

– Hay dos fuentes principales. Una la constituyen las estadísticas de Gendarmería, que se solicitan mediante oficios. Esto permite obtener datos que no se recogen durante los recorridos a cárceles y por otro lado, contrastar algunos datos entre lo recogido en terreno y lo que manifiestan las estadísticas. La otra fuente son datos que se levantan en los recorridos. Estos son realizados por un equipo de observadores de cada sede regional del INDH de donde se ubica la respectiva cárcel. En este quinto estudio participaron las sedes de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Araucanía y Biobío. En esta ocasión cada sede visitó todas las cárceles de su región, con excepción de la Araucanía, en que no pudieron visitar dos cárceles específicas. También se recorrieron las cárceles de la actual Región de Ñuble, que en ese momento (2019) estaban a cargo de Biobío.

Los recorridos se realizaron entre el 4 de abril de 2019 y el 17 de octubre 2019. En 2 casos hubo visitas el 2020, ya sea por primera vez o a fin de completar información. El 2018 se observaron las cárceles de diez regiones, entonces faltaban las cárceles de las restantes para 2019. Con ello se buscaba completar (entre 2018 y 2019) el 100% de las cárceles del país.

En cuanto a la ocupación de las cárceles, ¿cuándo se alcanza un nivel de riesgo?

– Para el análisis de los niveles de ocupación el estudio toma la propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), que fija en su Informe de Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República de México (2016) un modelo denominado Semáforo de Sobrepoblación, que nos pareció muy adecuado para evaluar y dar seguimiento a los niveles de ocupación de las cárceles chilenas, con algunas adaptaciones. El semáforo dispone que sobre 140% de ocupación, los niveles de densidad del establecimiento ponen en riesgo la satisfacción de necesidades mínimas para la población penal, como el abastecimiento de agua para beber, un lugar para dormir o para cubrir necesidades fisiológicas básicas, que es precisamente lo que vemos en las cárceles chilenas con estos niveles de sobrepoblación. Sobre 140% de ocupación debe ser considerada sobrepoblación crítica. Estos recintos suelen exponerse a una falta de gobernabilidad y a violaciones de derechos humanos.

Hay varios temas de preocupación en las cárceles de Chile. Los niveles de ocupación de cada prisión manifiestan un promedio del recinto; es decir, una relación entre el número total de plazas de una cárcel y la cantidad de personas que la ocupaban en 2019. Pero no se considera lo que ocurre en secciones o módulos específicos al interior, que pueden tener mayores o menores niveles de ocupación que el promedio. Hay situaciones en que en una misma cárcel la sección de mujeres está bajo el nivel, y la de hombres en sobreocupación, pero el promedio de esa cárcel específica está bajo 100%. También, casos en que en una cárcel, por ejemplo de hombres, algunas secciones como imputados está con sobreocupación, y condenados está bajo los niveles de ocupación. Esto implica que los datos generales no revelan la realidad de cada módulo o sección.

– ¿Cómo se ve el aumento de los niveles de ocupación general de las cárceles?

– Resulta preocupante, porque de alguna manera manifiesta un retroceso del 2018 al 2019. Al 2018 teníamos 101,5% de ocupación, en 2019 tenemos más de 106%. Esto plantea el desafío de seguir monitoreando y ver lo que aconteció el 2020, el 2021 y lo que acontecerá este año. Además, nos revela una política pública que pone al encarcelamiento como solución a diversas problemáticas a nivel nacional, sea elevando penas o limitando las salidas tempranas a libertad. Esto da luces sobre el uso del encarcelamiento, específicamente la prisión preventiva. Si vemos los datos del estudio, el 2018 eran 32,5% del total de personas privadas de libertad, y al 2019 fueron 31,5%: se mantiene más o menos constante, pero no deja de ser un monto importante. Aproximadamente un tercio de las personas privadas de libertad en Chile tienen un juicio pendiente.

– Entre las cárceles con mayor ocupación está Santiago Sur, la más grande de Chile.

– En cuanto al CDP Santiago Sur (ex Penitenciaría de Santiago), sus niveles de ocupación resultan de extrema preocupación si consideramos que al 2019 esa cárcel alberga a 4.858 personas. Esta cifra supera toda la población penal de la Región de Valparaíso, por nombrar un ejemplo. La ex Penitenciaría tiene una capacidad, según diseño, de 2.384 personas. Esto implica que su nivel de ocupación al 2019 es de 203,8%, es decir más del doble de lo que debería tener. Poder manejar diversos aspectos de la vida al interior de esa cárcel, en términos de conducta, resulta bastante difícil y a ello podemos unir que al tratarse de población condenada también deben otorgarse prestaciones en torno a la reinserción. A ello unir temas de infraestructura, acceso a agua, servicios higiénicos, incluso fórmulas de denuncias y comunicación con autoridades del recinto y personas del exterior del penal, hace claramente una situación de extrema preocupación.

– En el estudio se encontraron falencias en cárceles concesionadas. ¿Por qué este tipo de gestión de cárceles tiene los mismos problemas que el sistema tradicional?

– Bajo mi perspectiva una falencia principal -y en eso se manifiesta en una recomendación que hace este estudio- tiene que ver con la fiscalización del cumplimiento de los contratos de concesión que hace el Estado y quien tiene a cargo dicha fiscalización es el Ministerio de Obras Públicas, por lo que también se dirigen algunas recomendaciones a ese órgano del Estado. Si hubiese una efectiva y adecuada fiscalización, probablemente no encontraríamos en terreno muchas de las situaciones detectadas, como la falta de implementos para comer, de colchones o alimentación que llega fría o temas estructurales como el estado de baños y dependencias.

Me parece que la expectativa de solución que se veía en un sistema concesionado de cárceles no se cumplió. Se piensa o se pensó que grandes complejos penitenciarios con una administración privada podrían tener un efecto en una mejor gestión de las personas privadas de libertad. Pero me parece que el ámbito privado tiene otros objetivos, que no son necesariamente los públicos y que el tema penitenciario tiene una gran complejidad, que va más allá de una infraestructura penitenciaria y prestación de servicios básicos. Además, se produce otra complejidad: la convivencia del sistema de administración y prestación de servicios en una cárcel concesionada con los ámbitos de seguridad, que siguen estando a cargo del servicio penitenciario.

Se mantienen los mismos problemas. Son dos caminos que llegan a una misma falencia y que vemos que no se soluciona. Podría hipotetizar que tiene que ver también con la visión social de quien está privado/a de libertad, y con la política penitenciaria que mira al encarcelamiento como una solución a una serie de problemas.

– El estudio también muestra que en varias cárceles había problemas de acceso a servicios sanitarios ¿Qué tan estructural y abordable es este problema?

– Tiene que ver con cómo fueron concebidas las cárceles en su diseño original. Sin embargo, las cárceles concesionadas que tienen baños al interior de las celdas manifiestan en algunos recintos similares problemas de acceso, porque a veces estas instalaciones sanitarias no han sido reparadas o no funcionan.

Lo que los estándares internacionales de Derechos Humanos plantean no es que tengan un baño en el interior de cada celda, sino que tengan servicios sanitarios adecuados, de forma que se puedan satisfacer las necesidades oportunamente y de forma aseada. Por eso, lo que en los recorridos se evalúa y se pregunta a la población penal privada de libertad no es si hay baños al interior de la celda, sino que si pueden acceder a servicio higiénico durante el tiempo de encierro y durante el tiempo en que están fuera. Lo que encontramos es que en muchas cárceles esto queda a discreción del funcionario en la guardia. Es una situación abordable, especialmente en aquellas cárceles que tienen una población penal manejable, de menos de 500 personas. Esta situación en las cárceles como la ex Penitenciaría de Santiago, que tiene más de 4.500 personas, no resulta manejable, aún más si estimamos que es una estructura antigua, de 1847.

El estudio mostró que los reclusos no reciben servicio o bandejas o incluso pasan 20 horas sin alimentación. ¿La autoridad tenía alguna explicación para eso?

En la cárcel de Valparaíso se detectó esta información de que alguna sección tenía 20 horas sin recibir alimentación. Si bien eso fue una situación de algún grupo de personas en esa cárcel, también se detectaron recintos en que hay 18 horas o 16 horas en similares condiciones. También hay situaciones más razonables en que hay 12 horas. En general la información o la explicación que se recoge en terreno tiene que ver con la gestión de la alimentación o la forma en que deben -desde una única cocina central- distribuir la alimentación. Eso implica que a veces encontramos estos horarios, bastante anormales en relación al exterior, en que reciben por ejemplo almuerzo a las 12 del día y después la cena o la comida de la noche alrededor de las 16 horas o a las 15 horas u otros horarios.

– ¿Los datos recogidos el 2019 muestran que hubo un empeoramiento o hay algunas donde se han visto mejorías?

– En general al 2019 se mantienen las condiciones detectadas en estudios previos. En cuanto a las falencias, los datos siguen siendo consistentes, con algunas variaciones. Incluso al monitorear los mismos aspectos en un grupo de cárceles distinto. Esto implica que, por ejemplo, los problemas detectados el 2019 sean los mismos que hayamos detectado en 2018. No diría que hubo un empeoramiento, sino que más bien que se mantienen los problemas, o no se reparan las falencias, salvo en casos muy puntuales. Los estudios de 2018, 2016/2017, 2014/2015 señalan que había cárceles sin acceso a agua para toda la población penal y todavía encontramos esa situación al 2019. Lo mismo para la alta cantidad de horas entre comidas, entre varios aspectos.

Algunos aspectos positivos pueden ser que se constata que los hombres están separados de las mujeres en horas de encierro y desencierro, lo mismo que los jóvenes (menores de 18). Otro aspecto positivo que se constata son las secciones materno-infantiles que existen en algunas cárceles de mujeres. Si bien no todas tienen estas secciones, está la atención de la administración penitenciaria de que en caso de ser necesario se instala este programa. También sabemos que se han creado nuevos establecimientos penitenciarios, como el CPF de Arica, en que solo existía una cárcel y ahora hay una exclusiva para mujeres.

– ¿Existe algún indicio que permita proyectar si las condiciones carcelarias pueden haberse acentuado desde 2019?

Estamos a la expectativa de cómo será la evolución de estos aspectos al tiempo actual, y además porque al momento de volver a evaluar estos aspectos habrá transcurrido un plazo atendible para evaluar un progreso o retroceso. Las preocupaciones principales después de la crisis social y la pandemia primero son los niveles de ocupación de las cárceles, especialmente la cantidad de personas en prisión preventiva. Segundo, la gestión que se realizó con las personas en tiempos de pandemia: esto implica ver en qué medida fueron efectivos los dispositivos de salud, cómo se realizan actualmente los aislamientos y su duración.

Considerando que no ha habido mejoras estructurales generales o que no ha existido una especial inyección de recursos, podemos presumir que las condiciones se mantienen más o menos parecidas. En el fondo el INDH da cierta certidumbre en cuanto a la evolución y no dejarla en un nivel especulativo. Además da una voz de alarma sobre las condiciones de vida al interior de las prisiones.