Corte calificó de “catástrofe humanitaria” la situación detectada luego de dos visitas al centro penitenciario. “No se puede esperar que ocurra una desgracia como la acontecida en la cárcel de San Miguel para tomar medidas urgentes”, añade el fallo.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de amparo interpuesto por la sede de Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública en favor de las personas privadas de libertad de la cárcel de esta ciudad. El tribunal fijó diez días de plazo para que Gendarmería enmiende los problemas de aseo y sanitarios del Módulo 3 y el Pabellón B-1. Lo hecho hasta ahora es insuficiente, dijo. Además, ordenó que la jefatura de Gendarmería del recinto reciba capacitación en materias de DD.HH.
Según refiere el fallo, el INDH junto a la Defensoría Penal Pública y el fiscal judicial visitaron el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca en agosto y septiembre. En esta última visita también estuvo la diputada Mercedes Bulnes. De este modo, se detectaron situaciones en el Módulo 3, destinado a personas imputadas, y el pabellón B-1, para personas condenadas.
Como relata el texto de la primera sala, en el Módulo 3 había 196 personas. Ahí los baños no están en condiciones de ser utilizados. “Se trata de un lugar en deplorables condiciones materiales, de aseo e higiene”, se indica. Está inundado, “con restos de basura, sin luz, natural ni artificial, sin ventilación, con un olor nauseabundo, que impresiona por su intensidad”. La mitad de las personas debe dormir en colchonetas en el suelo.
En cuanto al pabellón B-1, lo resuelto por los jueces señala que en ese sitio se encuentra una persona privada de libertad que permanece en silla de ruedas y que no tiene ningún baño habilitado para su condición. Es más, en el baño del lugar encontraron que “desde el techo caen aguas servidas del baño que está en el segundo piso, correspondiente al pabellón B-2”.
Reacción de la corte
Ante la situación descrita, los jueces estimaron que existen vulneraciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela).
Los ministros recordaron que en agosto de 2023 el fiscal judicial de la corte informó los problemas. “Sorprende la falta de seriedad para abordarlos”, dice el documento. Más aún, el texto da cuenta que, durante el tiempo transcurrido desde ese informe, se cambió al jefe de la unidad. “Pareciera que, a pesar de dicho cambio, no se han superado a un estándar mínimo de aceptabilidad que no vulnere la dignidad humana”, se indica.
Críticas a la gestión
El fallo califica de llamativo que haya “otros recintos penales con capacidad en la región y no se haya recurrido a ellos para aliviar la sobrepoblación” de Talca. Recuerda que aún se tiene que entregar una nueva cárcel, la cual no cuenta todavía con todos sus permisos. “Si a los defectos de ese establecimiento se hubiera dado urgencia y prioridad de las que se dan en una catástrofe (y ésta es una catástrofe humanitaria), el problema estaría solucionado”, dice.
“No se puede esperar que ocurra una desgracia como la acontecida en la Cárcel de San Miguel para tomar medidas urgentes”, se añade. También se ordena comunicar este fallo a la Presidencia de la República, al Ministerio de Justicia, a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a la Dirección Nacional de Gendarmería.
