El tribunal también resolvió disponer una orden de no innovar e instruyó a la escuela especial donde estudia el afectado a que le reserve matrícula para 2025. Además, pidió informes a la Superintendencia de Educación y a la Seremi de Educación.

La Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible el recurso de protección de la sede de Biobío del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de un estudiante de 10 años con trastorno del espectro autista (TEA), a quien la escuela especial a la que asiste aplicó la ley Aula Segura cancelándole la matrícula para 2025. El tribunal también dispuso una orden de no innovar e instruyó a la escuela que le reserve la matrícula al estudiante.

El recurso fue interpuesto a fines de diciembre tras la decisión de una escuela especial del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur, que abarca las comunas de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui. Aquí se pide declarar ilegal la actuación del establecimiento por infringir el derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la igualdad ante la ley, de modo de dejar sin efecto la cancelación de matrícula y permitir al estudiante seguir estudiando.

En la resolución que da cuenta de la admisibilidad del recurso, la Corte de Apelaciones de Concepción le solicita informes a la Superintendencia de Educación Regional y a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, “debiendo evacuarlo dentro del plazo de diez días, adjuntando todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto motivo del recurso, los que deber remitir, en lo posible, en forma digitalizada”.

Hecho registrado en noviembre

Es importante recordar que el hecho motivo del recurso ocurrió en noviembre de 2024, cuando el estudiante sufrió una descompensación. Esta situación generó la atención de profesores del establecimiento. Sin respetar el protocolo individual para estos casos, los profesionales tuvieron contacto físico con el alumno, lo que acentuó su agitación y redundó en agresiones a los docentes.

La escuela requirió entonces la presencia de funcionarios de Carabineros. Los uniformados indicaron que no correspondía detener al estudiante, debido a que tenía menos de 14 años. En el tribunal de familia se abrió un proceso de vulneración de derechos, que no prosperó. Además, el establecimiento inició un proceso administrativo ocupando la ley 21.128 Aula Segura.

En virtud de esta normativa, el establecimiento impuso de modo provisorio la suspensión del alumno. Luego, el 11 de diciembre informó que cancelaba su matrícula para 2025. El establecimiento adujo como causas las agresiones a profesores (quienes no respetaron el protocolo que disponía no tocar al estudiante) y el riesgo para otros alumnos (pese a que el hecho ocurrió en una sala sin otros niños o niñas).

En cuanto al estudiante, luego del incidente suele sufrir episodios de ansiedad y desregulación cuando recuerda lo que pasó. Esto le pasa en especial al rememorar la llegada de Carabineros o ver a estos funcionarios en la televisión o en la calle. La familia tuvo que apoyarse en un psiquiatra para mantenerlo compensado ante el cambio de rutina por la suspensión de clases.