La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de amparo que presentó la sede regional de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un allanamiento de la Policía de Investigaciones de Angol y que afectó a ocho personas, incluidos cuatro menores de edad cuatro años. La corte dictaminó que la policía debe actuar de forma proporcional, más aún cuando hay niños y niñas involucrados.
Los hechos que ameritaron la interposición del recurso ocurrieron durante la mañana del 22 de junio pasado. La Brigada Investigadora de Robos de la PDI irrumpió en una residencia donde hay un restaurante de una familia de origen migrante. El allanamiento se realizó por una solicitud del Ministerio Público que autorizó el Juzgado de Garantía de Angol.
El operativo —relata una de las afectadas— se efectuó con particular violencia y se prolongó por más de cuatro horas. Durante ese lapso se registraron varios acontecimientos.
Los niños estuvieron separados de sus cuidadoras, presenciaron cómo se destruían cosas de la casa y no recibieron ningún alimento (al momento en que llegó la PDI ellos todavía no habían tomado desayuno). “Se afectó el interés superior de niños y niñas menores de 4 años, lo que pudo evitarse con una adecuada planificación”, acusó el INDH.
En tanto, la Corte de Apelaciones sostiene en su fallo que “se vislumbra que el procedimiento no se adecuó íntegramente a la proporcionalidad necesaria, teniendo especialmente en cuenta la presencia en el lugar de menores de edad” y afirma que es deber del Estado respetar sus derechos, recordando la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, señala que la PDI “en lo sucesivo y siempre se debe ajustar a los protocolos establecidos institucionalmente, al momento de realizar los procedimientos reglados que exigen la utilización de métodos coercitivos”.
