Corte Suprema confirmó sentencia en favor de personas afectadas debido a contaminación por residuos mineros en Altos de Copaquilla

Corte Suprema confirmó sentencia en favor de personas afectadas debido a contaminación por residuos mineros en Altos de Copaquilla

3 Junio, 2022

El máximo tribunal ratificó un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que ya había acogido la Corte de Apelaciones de Arica.

La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que ordena al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y también a las seremis de Salud y Medio Ambiente de Arica y Parinacota a implementar medidas para los habitantes de Altos de Copaquilla, en la comuna de Putre, que resultaron afectados por la remoción de residuos mineros.

En el fallo, los ministros Ángela Vivanco y Eliana Quezada y los abogados integrantes Diego Munita y Pedro Águila confirmaron una decisión ya adoptada por la Corte de Apelaciones de Arica (no concurrió al acuerdo el ministro Jean Pierre Matus). En efecto, la resolución que adoptó el 5 de julio de 2021 la corte de Arica condenó a Obras Públicas por no adoptar medidas para evitar la repetición de la remoción y extracción de residuos.

El tribunal de alzada de Arica instruyó entonces a la Seremi de Salud la categorización de los residuos, su confinamiento y la reducción del espacio físico afectado. Las medidas fueron recomendadas hace más de dos décadas, pero hasta ahora no se han implemento. A la Seremi de Medio Ambiente se le señaló haber omitido la realización de acciones fiscalizadoras para determinar el monto efectivo de residuos removidos y/o trasladados, así como de evitar su nueva ocurrencia.

Instrucciones de la Corte Suprema

Mientras, en el fallo dictado ahora la Corte Suprema dispuso las siguientes medidas cautelares: la prohibición de nuevas remociones de residuos sin previa realización de estudios sobre su toxicidad. Esto deberá ser supervisado por la Seremi de Salud y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). También instruyó implementar medidas para impedir el acceso y libre tránsito de terceros por el lugar de acopio, con el objetivo de evitar la manipulación de los residuos, lo que deberá realizarse en un plazo de diez días desde que se notifique la sentencia.

La tercera sala de la Suprema también instruyó la realización de estudios, de cargo de los organismos recurridos, para identificar por completo los contaminantes existentes en el área, así como la peligrosidad para las personas que habitan en ese sector y también para el medio ambiente. De esto se deberá dar cuenta al tribunal en un plazo de 180 días. Además, ordenó evaluar una metodología que, de acuerdo a la recomendación del Plan de Acción (GORE), permita reducir el área en que están los residuos peligrosos. Y, finalmente, realizar procesos informativos a la comunidad sobre los riesgos asociados a los contaminantes y mantener el lugar con información visible y detallada que permita comunicar el riesgo, que deberá implementarse también en un plazo de 180 días.

El problema que condujo a la presentación del recurso de protección por parte del INDH se registró a comienzos de 2021. A causa del desarrollo de obras públicas en el sector, se removieron residuos mineros abandonados de la empresa PROMEL, lo que generó preocupación en los vecinos y vecinas por el riesgo a la salud. Se trató de la vulneración a la integridad física y psíquica y al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación por la inacción de los servicios públicos.