Los hechos ocurrieron en octubre de 2019 en la comuna de Ovalle donde la víctima recibió un tiro del policía cuando ya había sido detenida y reducida. El INDH actuó como querellante en esta causa.
La Corte Suprema confirmó la condena de 6 años de presidio efectivo contra el funcionario de Carabineros Hugo Raúl Navarro Corvalán por homicidio frustrado, delito perpetrado en el contexto de las manifestaciones por la crisis social en octubre de 2019. De este modo, la segunda sala de la Corte rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del uniformado tras el fallo inicial del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Ovalle. La sede de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en la causa.
En fallo de mayoría, los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm y el abogado integrante Diego Munita estimaron que el funcionario de Carabineros “actuó con un dolo homicida, más si todas sus acciones las desplegó cuando estaba haciendo uso de licencia médica”. Cabe recordar que, de acuerdo a los hechos probados por la justicia, la noche del 19 de octubre de 2019, mientras ocurrían manifestaciones por la crisis social en la comuna de Ovalle, Navarro Corvalán redujo e inmovilizó a su víctima y luego le disparó con un revólver calibre .357, lo que le causó a ésta una herida en la zona de la pelvis.
A continuación del disparo la víctima fue arrastrada y llevada hasta la Tercera Comisaría de Ovalle. Enseguida se confeccionó un parte que daba cuenta de una presunta detención por maltrato de obra, “detención que resultaba ilegal y arbitraria al no existir ningún hecho constitutivo de delito posible de atribuir”, sostiene el fallo de la justicia. Debido al disparo, la víctima resultó con una fractura de carácter grave en una pierna, además de diversas contusiones que resultan atribuibles a los golpes que recibió.
Además de los 6 años de presidio efectivo, el funcionario de Carabineros, que tenía el grado de capitán al momento de los hechos, enfrenta 61 días de cárcel por detención ilegal, y otros 541 días de cárcel por el delito de falsificación de instrumento público. Estas fueron las sanciones que decretó el TOP de Ovalle, el 4 de julio pasado, en la sentencia del juez Rubén Bustos y las juezas Lilian Tapia y Nury Benavides, que también impusieron la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
