Nuevamente debemos conocer, lamentar y condenar la muerte violenta de dos chilenos, César Millahual y Joel Ovalle. Se trata de dos casos más de fallecidos de manera trágica en las regiones de Biobío y la Araucanía.
Desde su informe sobre violencia rural de 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sostenido que el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida. El Instituto pide y urge a que el Ministerio Público dé a conocer, lo más prontamente posible, las circunstancias que rodearon estos hechos, que Chile lamenta y condena.
La violencia debe parar y el uso de la fuerza física legítima debe respetar las normas internas y del derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido, nos preocupan enormemente las declaraciones del general jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, quien desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas. Éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante. Además, confirma que ni el Ejército en la Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada.
La dirección nacional del INDH anuncia que constituirá, desde la próxima semana, una oficina en terreno, en la provincia de Malleco, para observar si se cumple el derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.
