Declaración dirección INDH

13 Abril, 2022

Ante la propuesta de creación de una Defensoría del Pueblo, aprobada por la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional, la Dirección del INDH, teniendo a la vista la propuesta de creación de una Defensoría del Pueblo aprobada por la Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional, y considerando la experiencia acumulada en los doce años transcurridos desde su creación, acuerda enviar a la Mesa Directiva de la Convención Constitucional y de la referida Comisión las siguientes consideraciones:

I.​ El INDH valora:

1. La consagración constitucional de la institución nacional de derechos humanos como entidad autónoma, estableciéndose el mandato y sus principales funciones, el mecanismo de nombramiento y remoción de sus autoridades, y el plazo de su mandato, así como la obligación de otras entidades del Estado de colaborar con la institución;

2. Que su mandato se extienda a todos los derechos establecidos en los instrumentos internacionales, regionales y nacionales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales;

3. Que se trata de una sola institucionalidad de derechos humanos, evitándose así la atomización y dispersión que se produce al establecer defensorías especializadas;

4. Que en la proposición del Defensor o Defensora participen las organizaciones sociales y de derechos humanos; y

5. Que se consagre el deber de dar cuenta pública anual ante la ciudadanía, y que informe al Congreso en el mismo lapso sobre el desempeño de sus funciones.

II.​Sin embargo, preocupa que a la fecha no hayan sido escuchadas sus propuestas hechas a la Comisión Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional en las siguientes dos materias:

1. Que la defensoría sea unipersonal y no colegiada, pues el carácter unipersonal hará que su órgano superior no constituya un espacio de pluralismo y representación de todos los sectores de la sociedad en la dirección de la única institucionalidad nacional de derechos humanos. Los posibles inconvenientes que pudiera generar un sistema colegiado de dirección superior son abordables en la ley que regule su funcionamiento. Dicho carácter colegiado también hace posible el encuentro de diversas capacidades y sensibilidades que enriquecen el quehacer y la reflexión en materia de derechos humanos.

2. Que el mecanismo de elección y remoción de su principal autoridad sea por votación de la mayoría absoluta del Congreso, pues eso podría plantear serios problemas de autonomía frente a las mayorías de turno, afectando un elemento esencial en la promoción y defensa de los derechos humanos.

3. Que el proceso de nombramiento del defensor o defensora sólo considere la participación de los organismos de derechos humanos de la sociedad civil, y que en el nombramiento no participen otros actores relevantes como las Universidades, ni puedan ser parte de su órgano director personas elegidas por la asamblea de los y las representantes del pueblo como es el Congreso Nacional; y

4. Que no se consagre explícitamente un presupuesto progresivo y que, de existir en situaciones excepcionales ajustes o disminuciones, ellos no puedan ser porcentualmente superiores a aquellos que se apliquen a los demás organismos públicos. La no consideración de este principio puede implicar un potencial riesgo a la autonomía que debe caracterizar el cumplimiento del mandato de una institución nacional de derechos humanos.

Santiago, 13 de abril de 2022