A través de la presente declaración, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos manifiesta:
1.- Que por más de 20 años la sociedad chilena ha venido dando pasos decididos en materia de verdad, justicia y reparación. Estos pasos han tenido su fundamento en un consenso democrático que se ha forjado para que nunca más en Chile se vuelvan a producir los crímenes de que fueron objeto miles de personas entre 1973 y 1990.
2.- Que el Estado y sus funcionarios tienen la obligación de garantizar y respetar los derechos humanos, incluido el derecho a una reparación integral a las víctimas y familiares de los crímenes cometidos durante la dictadura. Dicha reparación incluye el derecho a acceder a la verdad de lo ocurrido y a que esta sea asumida por quienes hacen parte del Estado como autoridades públicas y funcionarios. En consecuencia, el patrocinio, la participación o cualquier otra forma de apoyo institucional en favor de homenajes a criminales condenados por violaciones a los derechos humanos vulnera manifiestamente los deberes de autoridades y funcionarios en materia de derechos humanos.
3.-Su preocupación porque sectores en la sociedad chilena directa o indirectamente avalen los crímenes de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, prisión política y tortura debidamente establecidos por los Tribunales de la República, que se cometieron en Chile como parte de una política sistemática y generalizada contra ciudadanos y ciudadanas. Este hecho revela la urgente necesidad de asumir como Estado una política decidida de educación en derechos humanos y conocimiento de la memoria histórica.
4.- Que frente a actos que pudieran cuestionar la verdad de los graves crímenes cometidos en el pasado, los actores institucionales y políticos se pronuncien decididamente para desincentivar que a futuro estos hechos, que violentan la dignidad de las víctimas y sus familiares, se vuelvan a producir.
