Frente al debate originado a propósito de las medidas para disminuir el hacinamiento en los recintos penitenciarios del país, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, declara que:
1. Tal como lo señalara en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos 2010, los poderes del Estado deben avanzar en la reforma al sistema penitenciario a fin que supere las condiciones indignas en que viven las personas privadas de libertad.
2. Las medidas comunicadas por las autoridades a la opinión pública constituyen un avance sustantivo en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Chile.
3. La descompresión de las cárceles chilenas y la implementación de medidas que comprendan un uso racional de la pena privativa de libertad y la habilitación de recintos penitenciarios de acuerdo al grado de peligrosidad de las personas condenadas, deben ser los ejes principales en una primera etapa.
4. Se justifica el tratamiento especial a las mujeres privadas de libertad considerando que sobre el 80% de ellas son madres cuyas redes de apoyo y cuidado se fragilizan una vez que cumplen pena efectiva de privación de libertad.
5. Sin embargo, el INDH manifiesta su preocupación porque las medidas destinadas a paliar el hacinamiento en las cárceles por un uso excesivo de la pena privativa de libertad pudieran ser aplicadas a las personas condenadas por crímenes contra la humanidad, cometidos durante la dictadura. Estamos en presencia de un aspecto muy sensible para la sociedad chilena que requiere de un debate con todos los actores sociales y políticos, que tenga como marco una política de verdad, justicia y reparación y que no involucre ninguna acción destinada a minimizar la gravedad de los crímenes cometidos, ni consigne señal alguna de impunidad.