Declaración situación Región de Tarapacá con motivo de la crisis migratoria

Declaración situación Región de Tarapacá con motivo de la crisis migratoria

14 Febrero, 2022

En relación con los hechos ocurridos durante los últimos días en la Región de Tarapacá, y especialmente en la ciudad de Iquique, con motivo de la grave crisis migratoria, el Consejo del INDH señala lo siguiente:

  1. Rechazamos con fuerza todo tipo de expresiones de discriminación en contra de las personas migrantes, como las constatadas durante los últimos días. Del mismo modo, condenamos las agresiones en contra de personas de nacionalidad extranjera, recordando que, bajo los derechos humanos, toda forma de violencia en contra de las personas está prohibida, y que sólo los órganos estatales, dentro de sus marcos normativos, y especialmente los órganos judiciales son los llamados a resolver los conflictos graves que se ocasionen.

 

  1. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos, particularmente, de niños, niñas y adolescentes; de las personas mayores; y de las mujeres; con independencia de la situación migratoria en la que se encuentren, considerando el marco establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de estos deberes se encuentra la protección de su integridad y el resguardo de su dignidad.

 

  1. Asimismo, el Estado debe adoptar medidas para que el fenómeno migratorio sea conducido de manera ordenada, segura y regular, para efectos de garantizar la integridad individual de todas las personas que habitan un territorio. Tal como se expresó en el Informe Anual 2021 del INDH, las razones que han motivado el aumento en la circulación de personas hacia nuestro país son variadas, e incluyen la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida; los conflictos armados y quiebres democráticos; la persecución política; la inseguridad; y las catástrofes naturales; entre otras.
  1. Por último, el INDH condena la agresión a Carabineros difundida por medios de comunicación, por parte de personas de nacionalidad extranjera. El Instituto protege los derechos de las personas migrantes cuando éstos son vulnerados producto de la acción de agentes del Estado, pero nunca amparará conductas violentas de ninguna persona o grupo.