Columna Opinión
El Mercurio
22 de octubre de 2010

Señor Director:

La creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos constituyó uno de los consensos importantes en lo que podríamos llamar la conversación política y social de los derechos humanos en Chile. En efecto, nuestra experiencia en derechos humanos tiene su origen en las violaciones sistemáticas y generalizadas ocurridas entre los años 1973 y 1990. A partir de entonces, y si bien otros campos normativos y de reflexión se han abierto, no se ha logrado instalar aún una mirada integral en materia de derechos humanos.

La voluntad política de todo el espectro en la aprobación de la Ley 20.405 fue una buena señal y, más aún, da cuenta de que existió una disposición para encarar el desafío de superar las trincheras, las apropiaciones y las descalificaciones en torno a la temática, que inauguraron un nuevo período en dicha conversación. Ese primer consenso reflejó una preocupación de país y una convicción en torno a que es necesario ampliar, renovar e integrar aquello que hasta ahora habíamos entendido como derechos humanos, con el conjunto de demandas por reconocimiento y protección de otros derechos, propio de una sociedad moderna y democrática. Queda aún mucho paño que cortar, pero ese consenso marco original debiera guiar esta etapa de manera de minimizar temores, prejuicios y estigmatizaciones a los que hemos estado habituados en los últimos años.

Ningún Estado festeja el que una entidad nacional autónoma de derechos humanos le señale que se puede avanzar más en el reconocimiento o protección de un derecho, y por tanto diferencias en este campo las habrá. Ellas, sin embargo, son el reflejo de una sociedad que madura y no de una que se convulsiona. Inauguremos entonces un nuevo período donde la reflexión y el debate democrático sean los elementos que nutran los avances en materia de derechos humanos, superando la práctica política nacional a dos bandas en la que lo que unos dicen es negado por otros y viceversa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos constituye una inversión para el país, o, más importante todavía, para todos los chilenos y chilenas y tendremos que aprender -y el Instituto debe contribuir a hacer pedagogía no sólo en materia de derechos, sino que también en torno al rol que está llamado a cumplir- a reconocer la existencia y relacionarnos con este nuevo actor.

No escapa a este proceso el que hoy se esté debatiendo el presupuesto del Instituto en el Parlamento. La inauguración de funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos debiera darse en el marco de la voluntad transversal que lo creó. Requiere del apoyo político de todos los partidos y del Gobierno para superar la incomprensión reflejada en una merma del 34,1% respecto del presupuesto solicitado originalmente con que nace a la luz pública. Si no se entiende esta necesidad -que por lo demás afectaría el cumplimiento de las funciones que le señala la ley-, habremos dejado escapar una oportunidad única para trazar la conversación a futuro de los derechos humanos.

Por Lorena Fríes, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos