DERECHO A LA EDUCACIÓN: PILAR DE LA POLÍTICA Y LA LEGISLACIÓN SOBRE MIGRANTES.

Un 2,3% de la población nacional corresponde a migrantes permanentes residiendo en Chile, es decir 411 mil personas según cifras estimadas en 2014, lo que impone un gran desafío al diseño de políticas públicas y leyes acorde a estándares internacionales de derechos humanos y a su vez un reto cultural de proporciones a nivel social, para incluir a estas personas salvaguardando sus derechos y dignidad.

Chile tiene la legislación migratoria más antigua de Latinoamérica y requiere una urgente actualización fundada en una visión de derechos humanos, que valore los importantes efectos positivos que la migración produce.

En el campo educacional es clave otorgar igualdad de derechos a los niños, niñas y jóvenes migrantes y a los hijos/as de los/as extranjeros nacidos en Chile, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,  ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Así como garantizar el  ejercicio de  los derechos reconocidos en la  Constitución y legislación  chilena.

La entrada en vigencia de la Ley de Inclusión impone su aplicación de acuerdo al espíritu que inspiró dicha legislación, es decir el sistema escolar debe tender a eliminar todas las formas de discriminación y asegurar  que la escuela sea  un lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión.

Los niños, niñas y jóvenes migrantes tienen derecho a educarse, independiente de la situación de documentación migratoria que tengan sus familias. Pueden exigir acceso a los apoyos estatales como becas de alimentación, transporte y útiles escolares, en igualdad de condiciones que el resto de los/as estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El mayor reto en la actualidad es superar la visión sobre la migración como amenaza, en este sentido el sistema educacional debe incluir en la formación escolar, programas orientados a promover una cultura de inclusión, respeto y aprendizaje de la diversidad que la población migrante refleja y contribuir de esta forma a garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes a no ser discriminados/as y a ser tratados/as con respeto, por parte de quienes trabajan y estudian en el establecimiento educacional.

Una atención especial ha consignado el Informe Anual 2016 del INDH sobre el peligro de apatridia en que viven millares de personas hijas  de migrantes nacidas en Chile. Entre los años 1995 y 2014, el Estado optó por un criterio para el otorgamiento de nacionalidad a los niños y niñas nacidas en Chile, hijo/as de padre o madre extranjero/a en situación irregular en el país, a quienes se les inscribía como hijo de extranjero transeúnte (HET). El  Registro Civil estima que son 2.500 los inscritos en esta categoría, muchas de ellas viven 20 años sin ser plenamente reconocidos como chilenos.

La condición de apátrida coloca a una persona en una situación de especial vulnerabilidad, al no contar con el reconocimiento jurídico ni ser parte de una comunidad política. Las personas inscritas como HET ven afectado su derecho a la educación, muchas no han podido ser matriculadas en la escuela o han perdido becas estudiantiles, entre otras situaciones que evidencian tratos discriminatorios y denegación de derechos.