DERECHO AL AGUA: CLAVE PARA LA VIDA.

Siempre hemos escuchado que el agua es un elemento vital. Que sin el agua no existiría la vida. Incluso, que nuestro organismo está compuesto mayoritariamente por agua. Mientras no escasea, no existe conciencia de la importancia que tiene en las vidas de las personas. Pero cuando hace falta, se convierte en un elemento que puede desatar grandes conflictos. El cambio climático con sus prolongadas sequías en valles que antes eran fértiles y la sobreexplotación de recursos –entre otros factores- ha hecho del agua un elemento cada vez más preciado para muchas comunidades del país, no solo aquellas ubicadas en las áreas tradicionalmente desérticas de Chile.

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de su Resolución 64/292 reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, señalando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En 2002, el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptó una observación sobre el derecho al agua que lo define como “el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asegurable para su uso personal y doméstico”. De acuerdo a la OMS, se necesitan entre 50 y 100 litros por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas. En los países desarrollados, este consumo alcanza los 300 litros por día.

En Chile, el agua es concebida como un bien nacional de uso público, según el artículo 595 del Código Civil y el Código de Aguas. Por otra parte, la Constitución y el mismo Código de Aguas otorgan a los particulares derechos de propiedad sobre el agua, lo que podría llegar a contradecirse con su característica de bien de uso público.

En 2005 se incorporó por primera vez una mirada de carácter ambiental y de protección del agua, como parte de una reforma al Código de Aguas. Allí se establece la necesidad de un caudal ecológico y la protección de grupos que podían quedar en desventaja en el uso del recurso.

En el caso de los pueblos indígenas, la Ley 19.253 estableció un marco general y otro específico en relación con los pueblos indígenas del norte grande, lo que da ciertas facultades a los pueblos originarios para hacer reclamaciones de propiedad sobre aguas de uso inmemorial. Sin embargo, expertos señalan que este trámite es engorroso y lento de llevar a cabo, por lo que aún se requiere de legislación más poderosa para atacar este problema.