INCLUSIÓN: IMPERATIVO DE DERECHOS HUMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Según datos del 2015, en Chile la estimación de prevalencia de discapacidad en la población adulta alcanza un 20%, equivalente a 2.606.914 personas mayores de 18 años y en población infantil y adolescente entre 2 y 17 años de un 5,8%, lo que equivale a 229.904 niños, niñas y adolescentes.

El Informe Anual 2016 del INDH sostiene que el hecho de que la discapacidad marque la vida de 2.836.818 personas mayores de 2 años en nuestro país, constituye un reto para el Estado, y se debe visualizar la inclusión social en su más amplio sentido, poniendo en valor la diversidad y otorgando la posibilidad de que todas las personas puedan realizar sus planes de vida sin discriminación.

La protección de los derechos de las personas con discapacidad están consagrados internacionalmente por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos  principios fundamentales son: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad, y de su derecho a preservar su identidad.

La Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión Social de Personas en situación de Discapacidad -de la cual formó parte el INDH- entregó su informe en abril 2016, cuya finalidad fue orientar al Gobierno para la implementación efectiva de la  Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre las medidas prioritarias, esta Comisión propone promover la toma de conciencia en todos los sectores de la sociedad, luchando contra los estereotipos, especialmente en los medios de comunicación y la educación, relevando la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad como parte de la cultura inclusiva. El Estado debe desincentivar el uso de imágenes asistencialistas o de caridad de personas con discapacidad e incentivar que se expliciten los efectos publicitarios de la imagen en el momento de solicitar el consentimiento informado. En cuanto a institucionalidad, plantea crear la Defensoría de las personas con discapacidad dentro del INDH.

En cuanto a medidas progresivas, incluye otorgar las garantías para cultura, educación y deportes en todas sus dimensiones.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos en su Informe Anual 2016, llama la atención sobre la envergadura de las medidas y manifiesta la urgencia en su implementación, incluyendo los presupuestos necesarios para su puesta en marcha.

En la edición 2016 de su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, el  INDH  concentra su análisis en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Preocupa a la entidad la persistencia de una aproximación médica a la discapacidad, así como el uso de terminología peyorativa tales como ‘invalidez’, ‘incapaces’ y ‘dementes’ en normas vigentes, cuestión que no responde a los estándares internacionales que abogan por un modelo de apoyos para la toma de sus propias decisiones.

Entre las recomendaciones planteadas por el INDH se incluye el reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, su igualdad ante la ley, entre otras medidas.