PERSONAS MAYORES, SUJETAS DE DERECHO.

El envejecimiento poblacional puede considerarse como uno de los principales desafíos para el futuro de la sociedad mundial. Chile se encuentra entre los países donde más rápidamente envejece su población. Estudios recientes estiman que para el año 2050 las personas mayores de 60 años, que hoy representan el 15,7% de su población, alcanzarán el 32.9%; las expectativas de vida de los chilenos serán más de 10 puntos superiores al promedio mundial, posicionándose entre las más altas del planeta (87,8 años).

La cuarta encuesta nacional de inclusión y exclusión social (2015) del Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, establece además que el acceso a la salud es un ejemplo de expectativas ciudadanas aun no satisfechas. La mayoría de las personas mayores (86,1%) se encuentra inscrito en Fonasa (CASEN, 2013), sólo el 7,4% está afiliado a una Isapre.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Derechos de la Comisión Defensora Ciudadana del Ministerio Secretaría General de la Presidencia aplicada el 2011, el 85% de los encuestados considera que el Estado vela “poco y nada” por el derecho a la salud de las personas. Las instituciones donde más se siente discriminación son las del área de la salud, hospitales públicos y consultorios, y “ser viejo” ocupa el tercer lugar como fuente de discriminación en estas instituciones y también en municipalidades.

En Chile no existe un marco normativo específico para las personas adultas mayores, quienes gozan de los derechos y garantías que le corresponden a toda la población. En este marco la firma del Proyecto de Acuerdo de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y su posterior envío al Congreso, contribuye a la salvaguarda de los derechos de este sector de la población.

La ratificación de la Convención permitirá asegurar y garantizar 26 derechos básicos de las Personas Mayores, como por ejemplo el derecho a la salud física y mental, a la  igualdad,  a la no discriminación por razón de edad, a la autonomía, dignidad y goce de una vida sin violencia.

Entre los compromisos de los Estados parte, en cuanto al derecho a la salud, deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social.

Especial preocupación del INDH (Informe Anual 2011) es el trato digno en el marco general de la obligación de respeto y protección de los derechos humanos de las personas mayores.

El maltrato y la violencia hacia las personas adultas mayores son poco visibles en Chile, según Senama, el 30% de esta población ha sufrido algún tipo de maltrato, siendo el psicológico el más frecuente, y el 60% de las víctimas no denuncia.

El Informe establece que la erradicación del problema de la violencia, se debe inscribir en un marco  general de lucha contra la discriminación de las personas adultas mayores,  sensibilizando a la población en general acerca de sus derechos, capacitando a los agentes del Estado especialmente a los sistemas sanitarios, policiales y judiciales en la atención y protección de las víctimas.