SISTEMA PENAL DEBE GARANTIZAR LA DIGNIDAD HUMANA A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.

Parir engrillada es un acto de tortura y constituye una grave vulneración a los derechos humanos. Así nació la hija de Lorenza Cayuhan, mujer mapuche que cumple una condena de 5 años y un día por el delito de robo con intimidación. El  hecho es ilustrativo de los límites a los que puede llegar el trato degradante y vejatorio a personas recluidas en centros carcelarios, más aún en este caso tratándose de una mujer indígena.

Menos extremos pero mucho más habituales son el hacinamiento, la insalubridad, la sobrepoblación y la violencia que caracterizan al sistema penitenciario en Chile. En muchos penales persiste el uso por parte de Gendarmería de celdas de castigo y asilamiento, en las cuales no se garantiza el acceso a agua potable durante las 24 horas del día y en las que además los/as internos orinan y defecan en recipientes. Asimismo en muchos penales la repartición de la comida es desorganizada, usando cada interno diferentes contenedores, sin cubiertos y disputándose por las porciones.

Así también las requisas o allanamientos al interior de las cárceles; y las condiciones de transporte y traslado, siguen siendo áreas de riesgo del derecho a la integridad de los reclusos/as, según lo han consignado informes nacionales e internacionales.

La libertad ambulatoria es la única restricción a los derechos humanos que debiera afectar a las personas que cumplen condenas en el sistema penal. Según los estándares internacionales en derechos humanos, el Estado debe asegurar el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad religiosa y el debido proceso. Estos derechos fundamentales no pueden ser suspendidos o restringidos en ninguna circunstancia y son la base de un trato digno en los penales.