TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A LA IDENTIDAD Y A LA FAMILIA.

En Chile viven 4 millones y medio de niños y niñas. Cada uno tiene una historia diferente. Algunos, han vivido situaciones de vulneración extrema y requieren de protección especial. Sin embargo, es importante destacar que todos los niños y niñas, sin distinción, tienen los mismos derechos y el Estado y la sociedad tienen el deber de respetarlos y promoverlos.

Un derecho relevante es el derecho a la identidad. Esto es, a tener un nombre, apellido, nacionalidad y vínculos que le permitan establecer un sentido de pertenencia con algún lugar en el mundo. Esto le permite acceder a una serie de garantías para otros derechos, así como a generar el arraigo con una cultura y estilo de vida. Este derecho, que puede parecer obvio, no siempre lo es.

Por ejemplo, los niños y niñas hijos de migrantes en situación irregular corren el riesgo de no tener nacionalidad, con lo que quedan excluidos del goce pleno de otros derechos. Esto también ocurre en el caso de padres que no inscriben a sus hijos o hijas. Estos niños y niñas no pueden ser reconocidos por el Estado a menos que este trámite se realice.

El derecho a una familia también está reconocido por la legislación. Esto significa que la separación de la familia de origen de un niño/a debe ser excepcional y todas las acciones que se emprendan, como iniciar trámites de adopción o de internación en centros de cuidado o de justicia, deben velar por el interés superior del niño o la niña.

Diversos cuerpos legales internacionales protegen los derechos de los/as niños/as. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pero, sin duda, la más relevante es la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por Chile en 1990, puesto que implicó un cambio de paradigma en lo relacionado a la infancia, al dejar de ver a los menores de edad como personas carentes de autonomía o como propiedad de los adultos, para pasar a ser vistos como sujetos de derecho, con opinión y activos en el desarrollo de su personalidad. Esta convención instaló el concepto de “interés superior del niño”, que significa que todas las acciones hacia la infancia deben realizarse teniendo en cuenta el bienestar del niño o niña, por sobre el interés de los adultos o de las instituciones.